6 viudas y 14 huérfanos de militares fallecidos en el Yak 42 han presentado un recurso de reposición ante María Dolores de Cospedal contra la resolución del 4 de mayo que acordó desestimar las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia que costó la vida a 72 personas, 62 de ellas militares. Se trata de las familias directas de los comandantes Felipe Antonio Perla Muedra, José Manuel Ripollés Barros, José Antonio Fernández Martínez y Antonio Novo Ferreiro y los de los brigadas Francisco Moro Aller y José Luis Moreno Murcia.

Estos 18 familiares denuncian, entre otras cosas, el "agravio comparativo" con respecto a las víctimas del incendio de Guadalajara, que ella misma indemnizó en 2013, a pesar de la resolución del Consejo Consultivo descartando la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Castilla-La Mancha. Le recuerdan sus propias palabras, al aprobar la ley de compensación a las víctimas del incendio, que son "aplicables" también en este caso:

“Como reconocimiento a todos ellos y a su labor de lucha incansable y admirable, y en el ánimo de honrar la memoria de quienes nos dejaron y paliar las consecuencias prácticas sobre quienes quedaron en situación de orfandad, viudedad… se aprueba esta ley... Hijos/as menores: 42.701,5 euros. Viudos/as: 102.483,64 euros"

 “dejar bien claro y destacar que este no es un tema de lucha partidaria… Este Gobierno siempre ha considerado que era un tema de justicia y de reconocimiento a las familias de las víctimas… este reconocimiento es cumplir con la memoria a las víctimas y cumplir también con el respeto y el reconocimiento a las familias de las víctimas, que tan mal lo han pasado durante tantos años y a las que tanto les debemos. Por lo tanto, reitero, no es un tema de partidos políticos, es un tema de reconocimiento”.

50.000 euros de gasto judicial por familia

Cada una de estas familias se han  gastado una media de 50.000 euros en la batalla judicial emprendida a lo largo de estos 14 años para reclamar responsabilidades por la tragedia. Si el Gobierno hubiese admintido su responsabilidad entonces, argumentan, "nos hubiéramos ahorrado tanto el desgaste emocional, como también, un gran desembolso económico". Para ellos ha habido 14 años de "sufrimiento gratuito" por el que consideran que deben ser recompensados. Piden en concreto 50.000 euros para cada viuda y 25 por huérfano.

Reclaman una indemnización simbólica

Estas familias directas reclaman una indemnización simbólica, compatible con las recibidas por otras vías al entender que estas últimas no excluyen a la administración de su "deber resarcitorio". "Considerarlo de otra manera, sólo llevaría a desvirtuar la institución de responsabilidad patrimonial. Quedaría como una institución vacía, cuyo reconocimiento por parte del Estado no sería relevante", añaden en el recurso presentado ante el Registro General del Ministerio de Defensa.

La Justicia, recuerdan los firmantes a Cospedal, no sólo significa "reconocer la verdad, sino dignificar su memoria", como dijo hace cuatro años. Le reclaman que les evite con su firma un "nuevo y penoso proceso judicial" que les oblige a "revivir la tragedia". Le piden de esta manera qeu ponga en "valor" la vida "de 62 auténticos héroes, cuyo único pecado fue representar a España ayudando al prójimo en Afganistán o Kirguizistán".

"¿Tan fácil es matar a unos funcionarios?"

En declaraciones a ELPLURAL.COM, una de las viudas asegura que el Estado siempre supo de las anomalías pero nunca pensó que llegarían tan lejos. "Lo primero que nos recomendaron fue que contratásemos a abogados privados para pleitear contra la compañía en lugar de hacerlo ellos, pelear por sus funcionarios", lamenta. Sin embargo, reconoce que si no hubiera sido por sus letrados, jamás habrían descubierto ni el escándalo de las identificaciones ni las irregularidades de un vuelo que jamás debió despegar.

Critica también el trato desigual recibido por cada familia, en función de cómo hayan llevado el proceso y que no se tenga en cuenta la proyección profesional que habría tenido cada uno de los fallecidos. "Es incoherente que se reconoza la responsabilidad y se dé carpetazo a la responsabilidad política y jurídica", reprocha en referencia al informe del Consejo de Estado sobre el Yak. Asimismo critica que en este país se vaya a la cárcel o se impute a gente por corrupción pero nó "cuando se mata a 72 personas". "¿Tan fácil es matar a unos funcionarios?", se pregunta con dolor.