La Púnica avanza y sigue dejando cadáveres a su paso. Este martes ha sido Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de Cristina Cifuentes. Tras levantarse el secreto de sumario de la Operación Lezo, el juez Velasco ha ordenado registros relacionados con la trama Púnica y la empresa Arpegio, de donde era consejero delegado Ruiz.
Las pesquisas se centraban en la época de Esperanza Aguirre, pero esto no ha quedado aquí. El cerco se estrecha también sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. La UCO (Unidad Central Operativa) ha solicitado la imputación de Cristina Cifuentes por prevaricación continuada y cohecho. ¿Por qué? Por el famoso restaurante de la Asamblea de Madrid. Sí, ese sobre el que aseguró que no tenía nada que ver. Una adjudicación, por cierto, que dicen que sirvió como ‘donativo’ a la financiación ilegal del PP, según las sospechas que presenta en su informe esta unidad.
Never, never, never…
“Ni elaboré los pliegos de condiciones, ni los adjudiqué. Cosa diferente es que me tocara presidir por delegación la mesa de contratación”, declaro una insistente Cifuentes tras la acusación de Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos, de haber adjudicado al empresario Arturo Fernández - del grupo Cantoblanco - el servicio de restauración de la institución madrileña. La presidenta así lo aclaró el pasado 26 de marzo. Además afirmó que en su mesa estaban técnicos y representantes de todos partidos políticos, incluso recalcó que la encargada de adjudicar era Mesa de la Asamblea.
No obstante, los miembros de la oposición persistieron y preguntaban por la entrada de miembros de la UCO a las dependencias del Gobierno regional. Cifuentes negó la existencia de esos registros, pero sí afirmó que se presentaron para solicitar una información “que se les facilitó”. Para concluir, la líder del Ejecutivo regional aseguró que no hay “ningún caso de corrupción en su gobierno”, aunque parece que las fichas del dominó también caen en su equipo.
