La representación de UGT en RTVE ha pedido la intervención de la Fiscalía en el ente público, después de conocerse que el nombre de su director general, José Antonio Sánchez, saliera a relucir en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil al expresidente madrileño Ignacio González, en el marco de la operación Lezo.

La intermediación para un empresario canario
La grabación, del 8 de noviembre pasado, recoge una conversación entre Ignacio González y el también exdirigente del PP Eduardo Zaplana, en el despacho profesional del expresidente de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá, de la capital.

En la misma, los exdirigentes populares conspiran para lavar presuntamente “capitales de origen ilícito” y conseguir una “contraprestación económica” por trabajos de intermediación para el empresario inmobiliario de Canarias Conrado Rodríguez López-Braun ante el Ministerio de Defensa, que dirige María Dolores de Cospedal.

En la conversación Zaplana propone: “Hay dos vías ahora para hacer lo de los terrenos, uno eres tú, que llevas bien con María Dolores [de Cospedal] y la otra, que no he hecho nada todavía, es José Antonio Sánchez, que es íntimo amigo del marido de María Dolores”. El presidente de RTVE mantiene una larga amistad con Zaplana, que se remonta a su etapa como alcalde de Benidorm.

Sánchez, en los papeles de Bárcenas
En su comunicado, UGT recuerda que no es la primera vez que el nombre de José Antonio Sánchez está vinculado a casos de corrupción.  Fue uno de los periodistas que apareció en los papeles de Bárcenas por haber recibido del PP presuntos cobros en B en 1994 y 1995.

"RTVE podría ser parte de la corrupción política"

“Los indicios de que RTVE podría ser parte de la corrupción política crecen con cada nueva información”, dice el sindicato, que denuncia, además, la colocación de periodistas “de confianza” por parte de quienes encabezan las tramas.

El fichaje de una periodista y las películas de Cerezo
UGT se refiere al auto de la operación Lezo, en el que el juez Eloy Velasco, afirma que el expresidente madrileño “colocó en RTVE” a la periodista Libertad Martínez, exdiputada regional de Izquierda Unida, para “que defendiese su imagen e intereses”.

El sindicato denuncia “la opacidad en la gestión” de RTVE, falta de transparencia”, tanto en las nóminas de sus directivos, como en “los contratos millonarios con las productoras”; además, en los procesos de selección “para la contratación de informadores que sólo parece responder al capricho de quienes la dirigen”. 

El sindicato también denuncia la compra de 150 películas al empresario Enrique Cerezo, imputado en el caso del ático de Ignacio González.