Antonio Galván, senador del PP por la provincia de Badajoz y alcalde de Calzadilla de los Barros desde 1995, saltó a la fama de los políticos presuntamente corruptos al ser imputado por un delito electoral.

¿La Razón? La justicia cree que infló el padrón del pueblo extremeño. Las investigaciones apuntan a que habría empadronado a 63 personas de manera irregular para que vivieran en casas en ruinas, a cambio de ofrecerles trabajos. Los inscribía incluso sin su consentimiento y, los que lo sabían, eran recompensados con la promesa de un puesto en el Consistorio.

La acusación de este caso la encabezó el PSOE de la localidad y desde ese momento, el alcalde popular inició una campaña de acoso y derribo contra sus ‘compañeros’ socialistas. Para ello, decidió que aquello de “divide y vencerás” era una buena idea y atacó por doble flanco: en los tribunales y en los platós de 13TV, donde se sentía como en casa.

Ahora, después de horas en los tribunales y de asegurar que los socialistas le estaban amenazando, la justicia a sentenciado: Galván estaba usando pruebas falsas para tratar de incriminar a la oposición.

Caso ‘Águila Roja’

Los hechos se remontan al año 2011, meses antes de la celebración de los comicios autonómicos y municipales en Extremadura. Nació el llamado caso Águila Roja después de que el alcalde del PP recibiera supuestas amenazas firmadas con ese apodo. Desde entonces, tal y como ha denunciado el PSOE, “el Sr. Galván Porras se ha dedicado a difamar sobre este hecho mediante varias entrevistas en la cadena de televisión nacional 13TV, comenzando, de este modo, una persecución política en la que ha culpado directamente, y sin pruebas fehacientes, y además, ensuciando la imagen de los compañeros socialistas, llegando a denunciar ante la Justicia amenazas e injurias falsas mediante anónimos e intento de incendio de su vivienda familiar”.

En los platós y tertulias de 13TV aseguró que le habían llegado “100 cartas anónimas metiéndose con tus padres fallecidos, con un hermano fallecido, sacando las tripas y el corazón” y que durante dos años sufrió amenazas constantes que atribuía directamente a los socialistas, aunque estas eran firmadas bajo el pseudónimo de Águila Roja, lo que le da nombre al caso. Incluso interpuso demandas por amenazas contra cinco miembros del PSOE.

Además, en los mismos platós de la cadena de los obispos, llegó a celebrar que se hubieran intervenido ordenadores de varios socialistas para descubrir quién estaba detrás de amenazas en las que le decían cosas como: “Cabrón te vamos a matar”.

Ahora, según una sentencia a la ha tenido acceso ELPLURAL.COM, la justicia asegura que no hay indicios, que el alcalde del PP no tiene pruebas para asegurar que fueron esos cinco miembros del PSOE los responsables de las amenazas. Es más, se habla de "pruebas falsas" y se deniega la recusación que Galván presentó contra esta sentencia.

“No existen indicios racionales que permitan atribuir la perpetración de los hechos denunciados a los investigados, Rafael Capataz Bayón, Rafael Capataz Murillo, Julio Real Amaya, Fidel León Hiraldo y Serafín Barraso Borrallo”, reza la sentencia

Según ha dicho la justicia y recuerda el PSOE, “todo era una gran mentira que el alcalde popular de Calzadilla de los Barros ha utilizado para hacer política” 

Exigen su dimisión

Por todo ello, el PSOE provincial de Badajoz ha exigido la dimisión del popular Antonio Galván Porras por liderar una “auténtica trama” contra los socialistas de la localidad. 

Una verdadera la “cacicada política”, según el secretario general del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, que durante años acusó a los socialistas de ser los responsables de las amenazas que sufría, “sin ningún indicio, tal y como sostiene la sentencia judicial emitida”, que además “acuerda el archivo de la causa, a cinco compañeros socialistas”.

Y es que, durante seis años, el alcalde popular ha intentado “por todos los medios inculpar a los concejales socialistas, consiguiendo que el Juzgado les incautara los ordenadores personales” e incluso, llegando a solicitar un informe a la multinacional Microsoft Corporation para localizar cualquier indicio de participación o prueba en los hechos de los investigados.

Finalmente, la causa se ha sobreseído dejando al descubierto “tácticas mafiosas” y el uso de “pruebas falsas”.  

“Hemos sufrido la impotencia de tener que enfrentarnos a unas pruebas falsas, como ha dejado clara la justicia, y que fueron creadas para hundirnos personalmente a nosotros y a nuestras familias”, ha lamentado uno de los socialistas afectados.