Guerra de comisiones. Así se podría resumir la jornada en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles. Todo empezó con la unión de PSOE, Podemos y Ciudadanos para presentar una petición para que se investigue la supuesta financiación ilegal del PP.

Sólo unas horas después, un airado y enfadado Rafael Hernando se plantaba ante el registro del Congreso para exigir otra comisión de investigación de financiación, pero de todos los partidos. Una vez más el juego del y tú más, pero en esta ocasión del yo pido más. El PP también ha presentado esta petición en el Senado donde, aprovechando su mayoría absoluta, pueden conseguir sus propósitos. De hecho, este jueves la mesa del Senado lo ha calificado y se tratará en el Pleno en los próximos días.

Ahora bien, la clave está en que la petición del PP está firmada por 39 diputados y, 10 de ellos están señalados o acusados directamente por malas prácticas o por casos de corrupción. Entre los firmantes destacan populares como, Javier Arenas, el amigo y enlace de Bárcenas; la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz; Dionisio García, que tuvo que dimitir por el Caso Zamora, uno de los primeros en los que se apuntaba a una financiación irregular en el PP; o el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó.

Un repaso por la corrupción de los demás

Pero este no es el único punto sorprendente del escrito del Partido Popular. Las 17 páginas que los conforman están llenas de frases en las que condenan la corrupción, pero nunca la que se ha desarrollado dentro de su partido. Hablan en tercera persona y se podría decir que es un texto para lanzar balones fuera y señalar a la oposición.

“Los casos de corrupción que España ha venido arrastrando, han dañado inevitablemente la confianza en los partidos y en las instituciones; una confianza que tenemos la obligación moral de recuperar. Y lamentablemente hay que reconocer que la corrupción ha sido un hecho”, dice el PP para acto seguido hablar de los casos de supuesta financiación ilegal, pero nunca de los que les ha afectado a ellos. Prefieren acusar al PSOE, a Podemos o hablar de los socialistas en Andalucía.

Para empezar, hablan de la Comisión de Investigación que se creó en el Congreso en 1994 sobre el Caso Filesa del PSOE. Para señalar a los socialistas andaluces enumeran “el presunto macrofraude de los ERE, el presunto fraude de los cursos de formación, el presunto fraude Invercaria, Avales, Mercasevilla”… 

También tienen para Podemos. “Sin ánimo de ser exhaustivos”, dicen, y eso que están hablando de corrupción, “Bastará con recordar los presuntos casos del crowdfunding eludiendo alguno de los requisitos y condiciones establecidas el orden jurídico. O la financiación de forma directa o indirecta por parte de países extranjeros”.  Hay que recordar que la Justicia archivó el supuesto caso de financiación ilegal de Podemos asegurando que las supuestas pruebas no eran más que “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa" y que en enero de este año, la formación anunció que ya había devuelto los seis millones de euros que recaudaron en microcréditos para la campaña del 26J.

Cuando les toca a ellos, sólo hay silencio. Macrocausas de corrupción que inundan al Partido Popular a nivel nacional y en diversas provincias como son el Caso Gürtel, que ahora se juzga, o la Púnica, pasan casi desapercibidas. El PP sólo las nombra de tapadillo y sin dar explicaciones, sin reconocer culpa alguna. Otros casos de corrupción que afectan a miembros del PP y a su posible financiación brillan por su ausencia y son más de 30 casos que afectan a casi 900 imputados. Taula, Imelsa, El Caso Fabra, el de Bárcenas, la Caja B del PP… son omitidos.