Aunque en un principio parecía que con el fallecimiento de Rita Barberá se calmarían las aguas en el PP de Valencia, las pruebas y las confesiones que demostrarían un supuesto delito de corrupción que afectaría a la mayoría de la formación siguen llegando con cuenta gotas.
La última: Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de Valencia de la mano de Barberá, se habría ocupado de pagar parte de la campaña de las elecciones municipales del año 2007. Concretamente, habría puesto, en billetes de 500, 350.000 euros, sacados directamente de la Caja B del PP en el Ayuntamiento valenciano. Todo para que “la mejor alcaldesa del mundo”, según Mariano Rajoy, tuviera una campaña electoral digna para el recuerdo y que ahora se investiga dentro del Caso Taula.
Así lo habría explicado en su declaración ante la Guardia Civil uno de los asesores del propio Grau. Jesús Gordillo aseguró que ese dinero le había llegado a él en 2008 para pagar a los proveedores y organizadores de la campaña con los que todavía tenían deudas, según publica El Mundo.
"Alfonso Grau le entregó al declarante la cantidad de 350.000 en efectivo en billetes de 500 y recibió instrucciones de éste de recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000", se puede leer en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De momento, la hipótesis más sustentada pasa por que el PP valenciano habría financiado sus campañas electorales y al partido en sí con donaciones opacas, pero también con dinero público, de organismos municipales, que desviaron.
Las empresas del PP valenciano
En este informe se habla de Secopsa, una empresa clave en la investigación del Caso Taula porque resalta como una de las entidades que más veces fueron contratadas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en Valencia.
La otra empresa, la que se encargó de la campaña para las elecciones de 2007, es Laterne. Hay que tener en cuenta que de estas elecciones salió una Rita Barberá como alcaldes sustentada con la mayor mayoría absoluta que se recuerda. Además, es la empresa donde trabajaba el asesor de Grau.
Para la campaña, los investigadores ya han advertido que el PP de Valencia gastó tres millones de euros de forma ilegal, pero se desconoce de dónde provienen los 800.000 euros que se entregaron a Laterne.
