Tras los embates de la Fiscalía General del Estado, forzando a las fiscales de la Púnica para que exoneren al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cualquier podría pensar que el juez Eloy Velasco, instructor del caso, iba amilanarse. Sobre todo, teniendo en cuenta que del Gobierno depende su puente de plata para ocupar el nuevo puesto de coordinador de un proyecto de la Unión Europea para Latinoamérica, un cargo jugoso con muchos viajes exóticos y pocos problemas políticos.
Sin embargo, lejos de echarse atrás, Velasco ha dado un paso al frente con un duro auto de procesamiento, fechado el pasado día 17, viernes, con mucha gente de puente de Carnaval y después de todo el maremoto judicial tras conocerse las presiones de la Fiscalía en el caso.
Dicho auto de procedimiento abreviado, perteneciente a la Pieza Separada 3 de la Púnica que corresponde a Murcia, da por concluidas las investigaciones de la Policía Judicial y es el paso previo para la apertura de juicio oral. En él hay más de una veintena de imputados por delitos que van desde el cohecho al fraude, pasando por el tráfico de influencias o la revelación de información reservada.
Lo que es más relevante cuando se recuerda que la Fiscalía Anticorrupción intentó librar al presidente murciano de la petición de imputación con el peregrino argumento de que, como no se llegó a formalizar el contrato con la trama corrupta, “no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.
Sin embargo, Velasco ha pasado de largo por esta consideración de la Fiscalía, que despenalizaría cualquier delito en grado de tentativa, e imputa por el mismo caso a Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación cuando Sánchez era consejero de Educación y por las mismas razones; a su entonces jefe de gabinete, Fidel Saura; a María Dolores Martínez, ex directora general de Industria; a Reyes Samper, directora general del Instituto de Fomento; a Jesús Norberto, secretario general del Instituto de Turismo; a Francisco de Asís, jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cartagena. Junto a ellos, hay varios miembros de las empresas vinculadas a Alejandro de Pedro y a la trama Púnica de reputación.
En la lista está también David Conesa, del Gabinete de la Consejería de Educación de Murcia, a quien se le acusa de “revelación de información reservada” y “fraude”, por concertarse “con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos” para que los trabajos de reputación online “de su Consejero se sufragasen con cargo a dinero público”.
Esta mención arrincona aún más a Pedro Antonio Sánchez, quien está ausente en la lista de imputados por una cuestión de competencia, al ser aforado, y a la espera de que el TSJRM resuelva la petición de Velasco para investigarle. Pero tiene su propio apartado en la exposición de hechos que hace el magistrado en este auto.
El punto 3 de esta exposición está titulado “En la Consejería de Educación de Murcia” y en ella Velasco recuerda que hubo un “concierto entre Alejandro De Pedro y el entonces Consejero de Educación de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez López (actual Presidente Autonómico de la Región de Murcia), para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales […] que serían facturados bajo conceptos relacionados con la ‘formación’” en los que también se incluirían los trabajos relacionados con la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para quien las fiscales sí pudieron pedir su imputación con un informe en el que expusieron todos los motivos contra Sánchez que les fueron vetados.
