La minoría parlamentaria del PP coloca a Mariano Rajoy y su Gobierno en una situación incómoda. En la pasada legislatura su rodillo absoluto les permitió eludir todo tipo de comparecencias incómodas, ahora lo tiene mucho más complicado. Por ejemplo, ya ha empezado la cuenta atrás para la constitución de la Comisión de Investigación sobre las grabaciones en el despacho del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Este jueves los diferentes grupos se reúnen para decidir el número de miembros de la mesa de la Comisión para que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pueda convocar la sesión de constitución.

Lo hace, coincidiendo con las últimas revelaciones sobre el caso Camarga, nuevos datos con los que se podría probar que la popular Alicia Sánchez-Camacho habría organizado la grabación de su propia comida con la ex del hijo Jordi Pujol júnior. En esta reunión se habló por primera vez del dinero del clan Pujol, una información que la popular hizo llegar al Gobierno con la ayuda de Jorge Moragas y que supuso el principio de la supuesta campaña de desprestigio e investigación sobre figuras del independentismo catalán, según publica Público.

Lo que empezó con una comida, sería el germen de la Operación Cataluña en la que se enmarcan las conversaciones de Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso.

En cualquier caso, no está siendo nada fácil el trabajo de estas comisiones. La Comisión sobre Interior se aprobó el pasado 27 de septiembre y todavía le queda camino por andar.

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El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la sede del Ministerio.

Financiación ilegal

Está pendiente también una Comisión Extraordinaria que estudie la presunta financiación ilegal del PP, que pidió formalmente el PSOE y que, además, era una de las exigencias de Ciudadanos a Rajoy para votar a favor de su investidura.

Los populares han tratado de obstruir su constitución alegando que ya hay procesos judiciales en marcha sobre este asunto y que ya existe una Comisión sobre Corrupción. Se refiere a la genérica Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales que preside Toni Cantó. Hasta el momento se han reunido tres veces (este marte celebró precisamente su última sesión). Su objeto es hacer propuestas para mejorar la ley y evitar casos de corrupción, algo bastante alejado del objetivo de indagar y profundizar en las responsabilidades políticas del escándalo Bárcenas y la supuesta doble contabilidad del PP.

Los populares pretenden que se amplíe a financiación de partidos en general y que sea una subcomisión dentro de ésta, en línea con lo propuesto por Cantó de crear subcomisiones para avanzar en asuntos concretos.

Pese a ello, PSOE y Ciudadanos, con el apoyo de Podemos, mantienen su intención de aprobar la comisión de investigación sobre la financiación del PP, al margen de la que preside Cantó.

De esta manera, tal y como marca la Constitución, sería obligatoria la comparecencia de todos aquellos a los que se les pueda llamar, incluido el propio Rajoy, el expresidente José María Aznar o la secretaria General del partido y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Además de los citados, en la lista de dirigentes populares que el PSOE quiere someter a interrogatorio por este asunto están sus exsecretarios generales Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos; su actual tesorera, Carmen Navarro, Luis Bárcenas y los exministros Ana Mato y Jaume Matas. El PSOE, además, quiere extender las pesquisas a las tramas Gürtel en Valencia y Madrid.

La salida a Bolsa de Bankia

Esta semana, el Congreso también ha dado luz verde (con los votos de PSOE Ciudadanos, ERC, Compromís y Unidos Podemos) a la Comisión de Investigación por la salida a Bolsa de Bankia.

Una investigación que llega después de que la Audiencia Nacional haya ordenado la investigación del que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la CNMV, Julio Segura.

Una comisión similar podría haberse configurado en 2012, cuando lo pidió por primera vez el PSOE, pero la mayoría absoluta del PP hizo que no fuera una realidad.