Política
El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá (i)
el ministro de justicia, Rafael Catalá, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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EFE

Jueces progresistas denuncian ante la ONU presiones del Gobierno contra la independencia judicial

Rights International Spain y JpD piden al relator especial de la ONU que visite España

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Lun, 13 Feb 2017

Reducción de los plazos de instrucción que favorecen la impunidad, presiones a jueces mientras desempeñan sus funciones, recortes a la justicia gratuita, intromisión política en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial… Jueces para la Democracia junto a la ONG de Derechos Humanos Rights International Spain han denunciado los ataques del ejecutivo al trabajo de los jueces ante Diego Sayán, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. Le piden que visite en misión especial España para que pueda conocer como estos obstáculos fomentan la impunidad.

Le han escrito una carta que se suma a otras acciones entabladas por estas organizaciones a las predecesoras en el cargo del actual Relator y recopila los principales “desafíos a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, ambos pilares esenciales de un Estado de Derecho”.

Intromisiones políticas en el CGPJ

El primer problema que exponen son las intromisiones del poder político en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial mediante el sistema de designación de los integrantes del órgano de Gobierno de los jueces. Tanto JpD como RIS consideran que la situación se ha visto agravada con las reformas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura.

Ello se debe a que “desde entonces, cuando un único grupo cuenta con una mayoría cualificada de 3/5 en una Cámara (como la que contaba el PP en la anterior legislatura en el Senado), se puede nombrar a miembros del CGPJ sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos”. Señalan que esta reforma ha sido duramente criticada, “no solo por las organizaciones firmantes, sino también por informes de diversos organismos del Consejo de Europa”.

Reformas que fomentan la impunidad

El siguiente tema conflictivo es el elevado número de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial -hasta nueve- en la X Legislatura “lo que además de vulnerar el principio de seguridad jurídica, se realizó sin hacer consulta alguna a los operadores de justicia y con el apoyo único del Partido Popular”, explican. Añaden que se contempla “la posibilidad de que el presidente del CGPJ, nombrado por el poder político, pueda realizar propuestas vinculantes, lo que va en detrimento del carácter colegiado de la institución y de la propia independencia judicial”.

Denuncian asimismo la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el plazo máximo de entre 6 y 18 meses para concluir la fase de investigación de los delitos. “Esta medida, unida a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y magistrados, lejos de agilizar la Justicia, como justificaron los autores de la reforma, contribuirá en la práctica a una mayor impunidad, particularmente en los casos de corrupción política, y a un aumento de la desconfianza en los tribunales”. Así ocurrió recientemente con el archivo de un caso de presunta corrupción que podría afectar al presidente de Murcia por razón de estos plazos cumplidos como relató ELPLURAL.COM 

También han sometido a la consideración de Diego Sayán el problema de la falta de recursos tanto humanos como económicos que se menciona como una de las principales trabas a la independencia judicial y la separación de poderes. Aquí citan los jueces y los expertos de RIS el mal lugar que ocupa España en los informes europeos sobre eficiencia en Justicia. Esta situación tiene “un impacto en la capacidad de los tribunales para ejercer el control jurisdiccional necesario sobre el poder ejecutivo y legislativo”, y además afecta negativamente a “la opinión que el público general tiene acerca de la institución”.

Ataques del Gobierno a los jueces

Capítulo aparte es la presión ejercida por políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, a jueces particulares en el curso de sus investigaciones “a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales”. Esta circunstancia se da más a menudo “en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.

Para los ciudadanos, resulta difícil acceder a una Justicia independiente a causa de los recortes a la Justicia Gratuita debidos a una reforma del anterior Gobierno. “Con la nueva normativa menos personas pueden beneficiarse de abogados de oficio y el proceso de solicitud es más complejo, lo que supone un obstáculo añadido al acceso a este servicio público esencial”.

Concluyen refiriéndose a la reforma que estableció la obligación para que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos desde el 1 de enero de 2016. Denuncian que se producen multitud de problemas al haberse instaurado el sistema “sin medios ni una inversión pública adecuada” y sin existir un criterio unificado de los órganos judiciales (con la consiguiente inseguridad jurídica). A esto se añade que su gestión depende del Ministerio de Justicia, por lo que el Gobierno tendría acceso a todas las notificaciones judiciales, “lo que supone un ataque adicional y peligroso a la división de poderes”.

Clamor ciudadano

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia recuerda que según el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía de 2015 existe “un clamor ciudadano por una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia en España”. Si bien, según el mismo estudio el 81% de españoles considera que “todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor”.

Para Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de Rights International Spain “en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto hasta qué punto la existencia de un poder judicial independiente es crucial para evitar que se produzcan graves atropellos a nuestros derechos y libertades civiles; sin una Justicia independiente los principios básicos de una sociedad democrática corren peligro, todas las personas corremos peligro”.