El expresidente valenciano Francisco Camps declarará el 11 de mayo en la Audiencia Nacional como testigo en la pieza separada del caso Gürtel que investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.
La vista oral de este caso comenzará el 13 de marzo y serán juzgados, entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat valenciana Vicente Rambla y el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa. También están acusados el presunto líder de esta trama de corrupción, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el hombre de Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez (el Bigotes).
Blanco Balín, Ortiz y Vicente Cotino
En el juicio se juzga, además, a empresarios radicados en Valencia que presuntamente financiaron de manera ilegal al PP valenciano, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín; el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino o Enrique Ortiz, quien reconoció los hechos en su escrito de defensa presentado ante la Audiencia Nacional.
Financiación ilegal en 2007 y 2008
En esta causa se juzga la financiación del PP valenciano entre 2007 y 2008 y, concretamente, el delito electoral presuntamente cometido en torno a las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales del año siguiente.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, en el auto con el que cerró la instrucción señaló que "cabe concluir en la posible existencia respecto de diversos actos de una forma de pago por parte del Partido Popular de carácter dual abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte, presuntamente, en dinero con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona)".
La Fiscalía pide una pena de siete años y nueve meses de prisión para Vicente Rambla, Ricardo Costa, y, también, para el exvicesecretario general del PPCV David Serra y la exgerente de esta formación Cristina Ibáñez, por delitos electorales en 2007 y 2008.
