El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cesado a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el polémico veto a refugiados e inmigrantes.

Yates era una sobreviviente de la era del expresidente Barack Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirmara al nominado de Trump para la Fiscalía General, el controvertido senador republicano Jeff Sessions.

Yates dudó de la legalidad de la medida
La fiscal general envío una carta a todos los fiscales del Departamento de Justicia, filtrada por los principales medios de comunicación del país, en la que decía no estar "convencida" de que la orden ejecutiva firmada el viernes por Trump para luchar contra el terrorismo yihadista fuese "legal".

"Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto", afirmó en la misiva la fiscal general en funciones.

"En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal (...) Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo", concluyó Yates.

Trump acusó a Yates de obstruir
Esta posición llegaba después de la enorme controversia causada por la medida de Trump, que ha soliviantado a medio mundo y que llenó de protestas los principales aeropuertos del país durante el fin de semana.

Trump tardó poco en pronunciarse a través de Twitter sobre la decisión de Yates, aunque parecía resignado a esperar el nombramiento de Jeff Sessions: "Los demócratas están retrasando mis nominados para el Gabinete por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama", escribió.

La impaciencia pudo más que la prudencia y Trump optó finalmente por fulminar a Yates, a la que acusó de haber "traicionado" al Departamento de Justicia con su decisión y a la que llamó "débil" en lo que a seguridad fronteriza se refiere y "muy débil" frente a la inmigración ilegal. "Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país", agregó en un comunicado la Casa Blanca.

Trump también relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, Daniel Ragsdale, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados.

La nueva fiscal general en funciones mientras el Senado no confirma a Sessions es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y que se mostró "honrada" de trabajar para la Administración Trump.

Advertencia del portavoz a los diplomáticos estadounidenses

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en rueda de prensa, este lunes justificó que Trump "está haciendo exactamente lo que le dijo al pueblo estadounidense que haría", y envió un mensaje a los diplomáticos estadounidenses en todo el mundo: si tienen objeciones a las nuevas decisiones de Washington sobre restricciones de viajes para inmigrantes o refugiados extranjeros deben seguir las instrucciones o dejar sus puestos.

"¿Estos burócratas de carrera tienen problemas con esto? Pienso que deben seguir el programa o irse. Esto se refiere a la seguridad de Estados Unidos. Es la razón por la que la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con el presidente", dijo el portavoz de Trump. 

El decreto ley de Trump suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.