La defensa de las familias afectadas por la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone, rechaza "por no ser cierto"el argumento esgrimido por el juez para no admitir la reapertura de este caso.

En su auto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba rechaza reabrir la causa, cerrada provisionalmente el 8 de enero de 2015 y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre del mismo año, porque, en su opinión, la defensa de los afectados y la solicitud de reapertura del Grupo municipal socialista y del Ayuntamiento de Madrid “no se aporta ningún dato o elemento nuevo que no hubiera sido ya previamente conocido a que no esté incorporado a la causa” y son “simples nuevas valoraciones de una misma realidad”.

Datos nuevos
El recurso de las familias afectadas dice al juez que eso "no es cierto", porque todos los documentos aportados en el escrito con el que la defensa pidió la reapertura de la causa no pudieron ser tenidos en cuenta por el Juzgado de Instrucción al dictar el sobreseimiento provisional, en enero de 2015,ya que "son posteriores a ese momento".




"Es sorprendente la posición del juez"
El abogado que representa a las familias, Mariano Benítez de Lugo, en declaraciones a ELPLURAL.COM, ha considerado "sorprendente" que el juez "siga manteniendo la misma posición", a pesar del informe de la Cámara de Cuentas, posterior al sobreseimiento de enero de 2015, y de que el Ayuntamiento de Madrid y la propia Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) pidieran la reapertura del caso, lo que ocurrió, también, a posteriori.

“Es la máxima expresión del sostenella y no enmendalla”, añade el letrato, que reconoce su decepción, aunque mantiene "fe en que el juez se dé cuenta de que no puede operar de esa forma cuando la propia EMVS dice que quiere que se reabra el sumario”.

Los argumentos del Ayuntamiento de Carmena
En su demanda de reapertura de la causa, el Ayuntamiento alegó que la operación de venta de las viviendas sociales, durante la etapa de Ana Botella,  "no fue sujeta a derecho, que el precio fue señalado unilateralmente por la parte compradora y que no se respetó el procedimiento administrativo establecido por el Ayuntamiento con las consiguientes pérdidas al patrimonio de la EMVS", destaca el recurso de la Asociación de Afectados.

El escrito subraya que el juez "obvia que la Comisión de Investigación del Ayuntamiento creada por Acuerdo Plenario del mismo demostró la presencia de los mismos vicios en la tramitación y adjudicación de las viviendas, locales y garajes, que paradigmáticamente, tienen inequívoca trascendencia penal".

Las declaraciones "falsas" de los gestores
El recurso erecuerda que "el sobreseimiento se produjo sobre unas afirmaciones manifestadas al Juzgado por los anteriores gestores de la EMVS, que se han demostrado falsas (la supuesta regularidad del proceso de ventas) y se han visto contradichas".

El informe de la Cámara de Cuentas

"No resulta de recibo jurídicamente, el minusvalorar lo dicho por los citados Organismos Públicos a la condición de “simples nuevas valoraciones de una misma realidad”, dice el escrito, en clara alusión, además, al demoledor informe de la Cámara de Cuentas, que dictaminó que el Ayuntamiento que dirigía Ana Botella facilitó información privilegiada, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013, a empresas como Magic Real State-Blackstone, que fue la adjudicataria de la operación a través de su firma Fidere.

La Cámara de Cuentas señala en su informe, entre otras irregularidades, que los fondos que concurrieron a la operación presentaron sus ofertas incluso antes de que el proceso se hiciera público y que el Gobierno de Botella no fijó un pliego de condiciones, como establece la ley.