El senador del PP y exalcalde de Getafe Juan Soler ya se ha visto señalado por los informes policiales y judiciales en relación al 'caso Teatro', en el que se investigan los presuntos amaños e irregularidades que se produjeron alrededor de la construcción de un teatro en el municipio madrileño que él dirigía. Un caso en el que están siendo investigados -lo que antes se conocía como imputados- varios de los ediles que formaron parte de su gobierno municipal, como aquel Antonio José Mesa que según destapó ELPLURAL.COM había sido utilizado por el PP como cara de la regeneración del partido frente a la etapa de Bárcenas y que acabó siendo a su vez investigado por corrupción.

Honorarios "un 70% más elevados de los habituales"
ELPLURAL.COM ha accedido a un informe policial remitido al juez y basado en las declaraciones y la denuncia de otro de los investigados en la causa, el arquitecto municipal Armando García Juliana, que ha expuesto las supuestas irregularidades en la adjudicación del Consistorio a la empresa Vegas Arquitectura y a la constructora Dragados SA. García Juliana advertía que se pactó un proyecto para construir el teatro CEPAAE a través de la empesa Vegas con unos honorarios de 300.000 euros, unos honorarios "un 70% más elevados de los habituales" y el concurso para la licitación de las obras se hace mediante "prodecimiento restringido" propuesto por Mesa. El proceso "pudo ocasionar un menoscabo económico en las arcas municipales ya que la oferta que finalmente resulta adjudicataria del concurso no fue la más barata sino todo lo contrario". 

Al respecto de esta denuncia, el informe policial advierte entre otras cosas la versión del arquitecto apunta a que "por decisión" del entonces alcalde Soler el edificio del CEPPA "debía ser de parecidas caracteristicas al diseñado por el estudio Aranguren & Gallegos para el Museo del Comic ABC de Madrid y que estos debían ser los autores del proyecto según le informaron al denunciante los propios arquitectos". Así, el "concurso de ideas" posterior "se llevó a cabo con el conocimiento y la conformidad del gobierno municipal" y sin "las formalidades que un concurso de este tipo requiere". 

Reunión entre el alcalde y el elegido para diseñar el proyecto
Los proyectos fueron valorados en el Gabinete de alcaldía "sin la presencia de ningún técnico" y se eligió la propuesta de Vegas, según el denunciante, por los 300.000 euros acordados previamente. "Según su declaración a finales de agosto o primeros de septiembre de 2012 el alcade Juan Soler y Julián Vegas se reunieron y se le comunicó que había sido ganador de ese concurso", insisten, recordando que el concurso "se llevó a cabo sin ningún tipo de procedimiento reglado" ni licitación por parte del Ayuntamiento. El proyecto de Vegas debía ser ejecutado tras otro concurso posterior por la constructora Dragados. La Policía advierte de que el arquitecto "siendo conocedor de las irregularidades no consta" que intentara evitarlo. 

"Quebranto" económico de unos 250.000 euros
El informe policial subraya que "como ha quedado acreditado en la investigación Dragados no solo era conocedora de la existencia de proyecto de construcción del CEPAAE sino que fue colaboradora activa en su desarrollo". Según la denuncia desde el Ayuntamiento habían llegado a admitir que Dragados "realizaría la obra de demolición gratis porque iba a ser adjudicataria de la construcción". El arquitecto municipal cree que "el quebranto" económico al Ayuntamiento de Getafe por las irregularidades de las que responsabiliza a Mesa "asciende a un importe aproximado de 250.000 euros". 

Posible ardid que habría permitido a Dragados más puntos en el concurso
A raíz de estos hechos denunciados, la Policía apunta que "existen ciertos indicios" de que la construcción del teatro pudo estar 'adjudicada' a Dragados "desde un primer momento, teniendo información del proyecto e incluso participando en el cálculo de estructuras" del mismo. Eso hubiera permitido a la constructora "presentar una memoria técnica" que le granjeó una puntuación "muy por encima del resto de licitantes", a pesar de ser la empresa con una oferta mayor. El inspector jefe del grupo pide por tanto que los órganos de fiscalización pertinentes determinen si el concurso estuvo bien hecho o los pliegos "se elaboraron con la intención de adjudicar el contrato a una empresa determinada" y reclama igualmente una valoración sobre el presunto quebranto económico.