Seis cargos y exdirigentes de UGT Asturias, entre ellos su anterior secretario general, Justo Rodríguez Braga, han sido detenidos y trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo por su presunta responsabilidad en la gestión irregular de fondos destinados a la formación para el empleo.

Entre los detenidos se encuentran también dirigentes de la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias y de la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (INFASTUR S.L.), que están vinculados al sindicato.

Registro en la sede regional
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, las detenciones se han llevado a cabo en distintos puntos del Principado a primeras horas de la mañana coincidiendo con el registro que agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil han llevado a cabo en la sede regional de UGT, en el centro de Oviedo. En este edificio los agentes han registrado las sedes sociales de UGT de Asturias, de INFASTYUR e IFES.

Los registros se han llevado a cabo con el apoyo de la Comandancia de Oviedo por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para Formación del sindicato.

Los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de Oviedo donde se practicarán las diligencias pertinentes y, al término de las mismas, pasarán a disposición judicial, aunque según el Tribunal Superior de Justicia, no se puede precisar el día concreto en el que lo harán.

Comunicado de UGT 
UGT ha asegurado hoy que "siempre" ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y que está dispuesta a colaborar con la justicia en todo lo necesario tras el registro de su sede en Asturias. En un comunicado, el sindicato pide que la investigación se realice con celeridad "para no seguir poniendo en entredicho, durante más tiempo" su labor en materia de formación y que se aclare "cuanto antes y de manera definitiva" su correcta actuación en la impartición de los mismos a la vez que subraya que UGTes la primera perjudicada "hasta que no se despejen todas las dudas".

La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

La denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.