La fiscalía pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas. Y eso sólo por este primer juicio de la Gürtel, a falta de ‘su proceso’, el de sus apuntes, el conocido como ‘pieza de la caja B del PP’. Pues bien, de esos más de 42 años de prisión, la acusación del Estado solicita que 26 años lo sean por delitos fiscales. Básicamente por el dinero evadido a Suiza y otros paraísos fiscales.

Recursos desestimados

Por eso, las peores noticias para Bárcenas (y los demás procesados) han ido llegando precisamente desde el país helvético en las últimas semanas, ya que una tras otra, las resoluciones del Alto Tribunal de aquel país ha venido concediendo permiso para que la información ofrecida por la justicia suiza sea utilizada en el proceso.

Bárcenas, como Correa, López Viejo, González Panero y otros procesados, habían presentado recursos ante las autoridades judiciales suizas pidiendo que no se permitiera el uso de la información ofrecida por la fiscalía helvética. Su argumento, que el dinero no procedía de la comisión de delitos y no se ajustaba por tanto a las acusaciones que sostenía contra ellos la Justicia española.

Permiso para el uso pleno de la información 'suiza'

Durante un tiempo, y conociendo las restricciones de la justicia suiza en este sentido, los procesados albergaron esperanzas que fueron diluyéndose en las últimas semanas. A finales de octubre ya les informamos, y les mostramos los documentos, por los que el Tribunal Penal Federal suizo había dictaminado que había razones suficientes para pensar que el dinero de Bárcenas, su esposa y otros imputados en aquel país provenía de fraudes tras los que había corrupción pública.

El último de estos escritos, como se ve en las reproducciones de las notas de la fiscalía Anticorrupción a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que acompañan esta información, han llegado de Suiza hace tan sólo unos días, a finales de diciembre. En ellos se especifica cómo puede hacerse uso de la información que sobre las cuentas de una serie de sociedades cuyo propietario es Francisco Correa, y para el que se piden 110 años de cárcel, varias décadas por delitos fiscales; otras de Arturo González Panero, el albondiguilla, exalcalde de Boadilla y para el que la Fiscalía solicita 42 años; y también de una sociedad, Granda Global S.A., cuyo accionista principal es Luis Bárcenas. Es esta una sociedad, según las investigaciones, el extesorero del PP abrió en Panamá, y la utilizó para ocultar su dinero en el extranjero.