El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, conocido como caso Brugal, ha procesado a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada. La resolución, con la que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha cerrado la instrucción de esta causa, será notificada este martes a las partes.
La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad.
Durante la instrucción de la causa, se ha destapado la trama de intereses organizada por los dos políticos del PP y el empresario Ortiz a costa del Plan General de Alicante. Los pinchazos telefónicos incorporadas a la causa son devastadores. Según el juez, Castedo y Alperi se beneficiaron de numerosas dádivas de Ortiz.
En una reciente entrevista televisiva, Sonia Castedo rompió a llorar lamentándose de que la gente la viera como una "corrupta". Algo que le parecía "muy injusto". Fue poco después de la muerte de Rita Barberá, lo que le sirvió para convertirla en una especie de mártir.
