Federico Trillo-Figueroa es letrado Mayor del Consejo de Estado, el mismo que ahora ha 'condenado' al Ministerio de Defensa por no haber evitado el accidente del Yak-42. El exministro accedió a este órgano consultivo en 1979 por una oposición y está en situación de servicios especiales desde que en 1989 inició su carrera política como diputado del PP por Alicante. Se da la circunstancia de que su hija, María José Trillo-Figueroa es también letrada del Consejo de Estado. Entró por oposición en mayo de 2007 y está en situación de excedencia.
El Consejo de Estado está presidido desde 2012 por un exministro del PP, José Manuel Romay Beccaría. Fue nombrado por Mariano Rajoy, que elevaba a su mentor a la presidencia del máximo órgano consultivo. Sin embargo, en contra de todo lo que puede parecer, su presencia en la institución ha coincidido con más de un varapalo para el Ejecutivo popular.
Su propio nombramiento tuvo que ser suspendido después de que el PSOE denunciara que se había saltado la ley al no haber cumplido con la preceptiva información previa al Congreso. El Ejecutivo se vio obligado a posponer su entrada en vigor hasta que Romay Beccaría pasó el examen ante la Comisión Consultiva de Nombramientos.
Varapalos al Ejecutivo de Rajoy
Durante la pasada legislatura, el Consejo de Estado ha dado más de una bofetada al Ejecutivo de Rajoy. Su dictamen contra el anteproyecto de ley para la reforma de los Ayuntamientos puso contra la picota la reforma estrella del ministro, Cristóbal Montoro. Llegó a cuestionar incluso la constitucionalidad del proyecto al entender que puede reducir "en exceso" la autonomía municipal.
El dictamen fue firmado por José Manuel Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García y Hernández Gil.
El Consejo de Estado también echó por tierra la reforma y privatización del Registro Civil impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendió por decreto ley traspasar la gestión informática de los registros a una entidad nueva que sustituiría al Colegio de Registradores. El consejo apuntó a su inconstitucionalidad.
La llamada ley Wert también se llevó su varapalo en forma de dictamen, entre otras cosas, por romper la igualdad de oportunidades en relación a las becas. También por decretar que la Generalitat de Cataluña debía pagar la escolarización en centros privados de alumnos que solicitasen el castellano como lengua vehicular. El Consejo de Estado consideró que el coste de la medida no se había calculado seriamente ni tampoco el efecto llamada que pudiera tener.
El Consejo de Estado también recomendó a Mariano Rajoy que al Gobierno que reconsiderase "la totalidad" del proyecto de Ley de Parques Nacionales para asegurar del todo la coherencia del sistema con el modelo de la ley de 2007 a la luz de la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
