La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha comparecido en la Comisión parlamentaria para el seguimiento del Pacto de Toledo. Lo ha hecho precedida por una de las frivolidades de la presidenta de la comisión, Celia Villalobos, pero la presencia de la ministra era muy importante ya que iniciaba así formalmente los trabajos para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En las próximas semanas pasarán por esta comisión los agentes sociales representados por los secretarios generales de UGT y CCOO y los presidentes de CEOE y CEPYME.

Los problemas sobre la mesa
La presencia de la ministra era también el preludio de una iniciativa parlamentaria del PP en la que instan a “revitalizar” el Pacto de Toledo destacando algunos datos preocupantes: el 12,5 % del PIB se destina al pago de pensiones con el noveno porcentaje más alto a nivel mundial (4,6 puntos más que la media de la OCDE) mientras que el 38,5 % del gasto de los Presupuestos Generales del Estado se destina a pensiones. Entre los puntos a abordar en la comisión del Pacto están que las perspectivas de futuro tampoco inciden en la sostenibilidad: además del descenso de la base de la pirámide demográfica en los próximos años se irán incorporando los jubilados del ‘baby boom’ de los 60, con el impacto que ello supondrá tanto por cantidad como por cuantía ya que es un segmento con más peso de cotizantes en tramos altos. Además, la Seguridad Social acumula un déficit significativo y el Gobierno de Rajoy ha recurrido sistemáticamente al Fondo de Reserva que está al borde del agotamiento -los grupos han recordado hoy que las previsiones apuntan que a este ritmo estará ya vacío en 2017-.

“Mensaje de tranquilidad” de Báñez
Durante su intervención, Báñez ha insistido en lanzar “un mensaje de tranquilidad” sobre la viabilidad de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones “en el medio y en largo plazo”. Ha defendido que “España no ha tenido recomendaciones de la UE desde 2013” en materia de pensiones y que es “el país mejor preparado hasta 2060” porque en ese año el gasto será del 11% del PIB frente al 15% de países de nuestro entorno como Bélgica. Ha insistido en que el déficit actual de la Seguridad Social del 1,8% del PIB (18.000 millones de euros) se debe al “problema coyuntural” de la destrucción de empleo con la crisis y apuntó que ya se está corrigiendo porque “hemos recuperado 1,6 millones de empleos” y “la afiliación a la Seguridad Social crece a un ritmo interanual del 3,4%”.  

La ministra ha lanzado un mensaje de consenso en torno al Pacto de Toledo, que definió como “el gran pacto social de la democracia”. En cuanto al vaciamiento del Fondo de Reserva se ha mostrado tranquila porque “es un recurso propio del sistema” y “se ha utilizado rigurosamente” en momentos de déficit. “Claro que el Fondo de Reserva está nutriendo el sistema, pero su función nunca ha sido ser garantía (…) no es un fin en sí mismo, la única garantía del sistema de pensiones es el empleo, diré más, es el Estado mismo”, ha mantenido. También ha defendido que la “la presión del baby boom” se iniciará en 2025 pero acabará en 2050.

Acusan al PP de “ningunear el Pacto”
Desde la oposición han coincidido en tachar el discurso de Báñez de triunfalista y en que no ha abordado uno de los principales problemas para la Seguridad Social: el hecho de que se recupere el empleo pero no los ingresos vía cotizaciones por el modelo laboral precario por el que han apostado. Mercè Perea, del PSOE, acusó a la ministra de hacer una fotografía irreal del país y de acordarse del Pacto después de cinco años en el Gobierno en el que no lo han hecho, por lo que cree que ahora reclaman diálogo “porque no les queda otro remedio” y que “no existe voluntad real de llegar a acuerdos”. Ha acusado así al PP de “ningunear el Pacto de Toledo” y de usar el Fondo de Reserva “de forma irresponsable”, ya que “han preferido mirar a otro lado” y “en 2011 ya llevábamos varios años de crisis y el Fondo se reforzó”.

La “política contradictoria” de apostar por el empleo precario
Carles Campuzano (PDC) ha alertado de que la caída de las cotizaciones se debe a los bajos salarios y que “revertir la reforma laboral es la mejor garantía” para la sostenibilidad del sistema de las pensiones”. Aina Vidal (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) ha acusado al Gobierno de ser “un peligro público” ya que “en diciembre se agotará el Fondo de Reservas, ¿qué harán?”. Alberto Montero, desde el mismo grupo, ha insistido en que el Gobierno recurre a una “política contradictoria” porque por un lado “erosiona la base contributiva” con la precariedad del empleo “mientras espera que el sistema se recupere por esa vía”. “No vale con recuperar empleo sino que se necesita también recuperar su calidad”, ha alertado. En ese mensaje ha coincidido Sergio del Campo (Ciudadanos), quien ha advertido de que “las reformas laborales son las que minan las bases de cotización” con su “modelo de bajos salarios y precariedad.

Báñez: “La calidad del empleo empieza por un empleo”
La portavoz del PP en la comisión, Carolina España, ha insistido en que no hay que “hacer alarmismo con el Fondo de Reserva” y en que su partido “volverá a dejar la despensa llena”. En el turno de respuestas Báñez ha admitido la importancia del empleo de calidad pero ha remitido a los agentes sociales para abordar esa cuestión junto al Gobierno. También ha defendido la ministra que en términos globales ha bajado la contratación temporal y que a veces se olvida que “la calidad del empleo empieza por un empleo”. “Los salarios se definen en la negociación colectiva”, ha justificado también, aunque la reforma de su Gobierno facilita a las empresas el descuelgue de los convenios.