El Gobierno ha esquivado hasta ahora las sanciones de Europa por el exceso de déficit pero se ha comprometido a acometer ajustes fiscales y de gasto. De ahí que estén estudiando qué impuestos subir. Los candidatos son los de siempre, los especiales, ya que Cristóbol Montoro se resiste -de momento- a subir de nuevo el IVA y el IRPF como hicieron en 2012 incumpliendo sus promesas electorales nada más llegar al poder. Por el lado del gasto en los últimos días se ha especulado en medios conservadores bien relacionados con Génova 13 con la posibilidad de que Mariano Rajoy abra un poco la mano con el techo de gasto de las autonomías, dándoles más margen con el incumplimiento regional de los objetivos de déficit. La contrapartida sería que desde el PNV o los barones del PSOE que gobiernan a nivel autonómico les facilitaran el apoyo a los Presupuestos. 

Jarro de agua fría desde FAES
El debate está así en la negociación con las autonomías y también, como siempre, en si se recauda más recortando gastos o si por el contrario evitar duros ajustes permite un mayor dinamismo económico y por tanto más ingresos, la vía que está siguiendo el Ayuntamiento de Madrid aunando aumento del gasto social con reducción del déficit. La FAES que preside José María Aznar ha lanzado una clara apuesta por el primer camino y una seria advertencia sobre el escaso margen con el que cuenta el Gobierno de cara al futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho ponen el foco en el gasto de las comunidades autónomas, todo un jarro de agua fría a la vía abierta por el Ejecutivo y las filtraciones de promesas de más flexibilidad a nivel regional. 

Recortes de 5.000 millones o de hasta 7.700 según se cumplan las previsiones o no
La fundación, que apura sus últimos meses de vinculación orgánica con el PP, aprovecha para mandar unas duras prescripciones al Gobierno en un informe de Papeles FAES firmado por Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo. El informe insiste en que en los últimos ejercicios a la hora de buscar la reducción del déficit público ha tenido más peso el aumento de los ingresos -vía impuestos- que el recorte de los gastos, señalando esa última opción como el camino a seguir. En las conclusiones se lanzan así alertas como que "la negociación con la UE ha estado lastrada por la situación política y por el reducido margen de actuación del que dispone un gobierno en funciones", se reclama la eliminación "de forma definitiva" del Impuesto sobre el Patrimonio y se reclama "el control del déficit de las Comunidades Autónomas, que son el nivel de gobierno en el que las desviaciones sobre los objetivos de déficit son más acusadas".

El informe de FAES niega que el nivel de recortes acometido hasta ahora haya supuesto ningún "desmantelamiento del sector público" o un "austericidio" y prescribe nuevos recortes. "Las previsiones muestran la necesidad de realizar un ajuste por importe de 7.700 millones de euros en 2017 para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del PIB. En caso contrario, se llegaría al 3,8%. Si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, se precisaría la adopción de medidas discrecionales por importe de 5.000 millones de euros".