Lo que más se recordará en la historia judicial española sobre José Manuel Maza previsible futuro Fiscal General del Estado, será sin duda su voto particular en contra de la absolución de su colega Baltasar Garzón en el caso de la memoria histórica. Para Maza, Garzón había prevaricado. Para su disgusto, fue absuelto. Del mismo modo que se evocará a Maza en su papel de ponente en el tribunal inicial del caso Gürtel, proceso que condujo a la inhabilitación de Garzón para esperanza pasajera de los encausados y alivio del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy en suma. De este juez junto a otros, una grupo de prestigiosos juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial su asistencia continua a cursos y su participación habitual como docente en entidades privadas.
Casi seis años después, Maza ve la recompensa a su trayectoria profesional con esta propuesta del ejecutivo de Mariano Rajoy para este importantísimo puesto que para las asociaciones de víctimas del franquismo parece que viene a ser lo que para los inmigrantes en Estados Unidos la llegada de Trump a la presidencia.
¿Lo del franquismo ha prescrito?
Porque dejó claro el futuro Fiscal en este voto, escrito en lenguaje muy agresivo, su opinión de que la ley de amnistía lo decía todo, que los hechos estaban prescritos y que en el caso de Garzón sus puntos de vista sobre que hay delitos que no prescriben, no eran objetivamente justificables. ¿Y las víctimas? No parecían al menos en ese momento ser lo más relevante para Maza. Lo de su colega de la Audiencia Nacional era sin duda prevaricación.
¿Qué hará el nuevo Fiscal General del Estado con el escrito de Consuelo Madrigal su antecesora en el cargo que indicó en a los fiscales que no admitan los exhortos solicitados por la jueza Servini , que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo? La magistrada quería interrogar en España a los señalados como presuntos responsables de algunos de esos delitos.
Por ejemplo Utrera Molina, suegro del ex ministro Ruiz Gallardón o el policía de la brigada político social Billy el Niño. “Si como dejo claro en su voto particular considera que son hechos prescritos o afectados por la ley de amnistía, difícilmente hará algo más que ratificar tales recomendaciones”, comentaban a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas.
Cursillista impenitente
Licenciado en derecho y en Historia en 1973 (Universidad Complutense) y diplomado en criminología ha sido letrado de RENFE desde
Es además un cursillista impenitente. Miles de kilómetros ha recorrido el juez Maza en seminarios, cursos, conferencias y jornadas. En un antiguo currículo de 2007 presentado en unos cursos de la Universidad Politécnica, amén de decenas de intervenciones en terreno patrio, se le señala como “conferenciante en numerosos Congresos, Jornadas y Seminarios en España, Argentina, Paraguay, Honduras, Méjico (Tabasco, Chihuahua, Jalisco y Toluca), Costa Rica, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Francia, Portugal, Polonia, Bulgaria, Rumania, Andorra, etc.”
Profesor en un Instituto privado
Ese mismo currículo habla de su colaboración entre otros con el centro de formación privado Schola Iuris, Instituto Europeo de Practica Juridica constituido en el registro mercantil el 19 de octubre de 2004. Ya en ese año formaba Maza parte del profesorado y hoy aún doce años después su nombre sigue apareciendo como reclamo en relación con esta tarea docente en el instituto privado según anuncia en su página web con copyrigyth de 2016 el propio Schola Iuris. Es de suponer que ahora lo anunciarán aún más.
Otros magistrados del Supremo y Fiscales le acompañan en esta brillante relación de juristas. Entre ellos su ex compañero Adolfo Prego o su colega Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala II del Tribunal Supremo. Y fiscales como Eduardo Fungairiño o Manuel Moix Blazquez. Entre muchos más juristas en activo que el Instituto señala anunciando su próximo curso profesores que han intervenido en ediciones anteriores del master. Y añaden: “Esta lista de Profesores se está actualizando de cara al próximo curso. Si algún Profesor causara baja, se sustituirá por otro de igual prestigio”.
Acceder como alumno a las clases de este selecto profesorado, tiene un precio. El master cuesta en total 14.000 euros. ¿Es oportuno que magistrados en activo intervengan en este tipo de cursos privados? ¿Es correcto que perciban compensaciones económicas acudiendo a innumerables foros y eventos financiados por empresas privadas que en algún momento pueden verse ante el juez al que invitaron a disertar?
Preguntas sin respuesta
Esas preguntas las hicieron un grupo de juristas el 7 de mayo de 2012 al Consejo General del Poder Judicial. Pedian conocer en relación a una serie de magistrados del Tribunal Supremo en el que figuraba Jose Manuel Maza, “la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno”. Y pedían en su caso la la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios de haber incurrido en incompatibilidad.
Hacían mención expresa a Schola Iuris indicando que entre los profesores figuraban “los magistrados del Supremo Maza Martín, y Manuel Marchena, más numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro. Además, entre otros, del letrado D. Luis Rodríguez Ramos. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar”
Recordaban también en su escrito como entre los letrados docentes en este master se contaba el abogado Rodríguez Ramos, “que asumió la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama Gürtel, como Benjamín Martín Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jesús Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda)”. Citaban algunos casos más destacando que jueces relacionados con el juicio contra Garzón por el caso Gurtel, coincidían aquí con algunos abogados de la defensa.
Casualidades
EL PLURAL.COM se ha puesto en contacto con uno de los firmantes del escrito para averiguar si cuatro años mas tarde el CGPJ contestó. “No. En absoluto. Hasta ahora no han dado respuesta a esta denuncia”, nos dijeron.
Lo cierto es que si el CGPJ aprueba su idoneidad como Fiscal General mediante un informe no vinculante, tras la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que valorará sus méritos, el Gobierno tendrá vía libre para su nombramiento. Da la casualidad de que junto con Manuel Marchena, ascendido a presidente de la Sala II, José Manuel Maza es otro de los miembros de aquel tribunal que alcanza un puesto importante. En ambos casos su papel fue de un gran protagonismo en los procesos que terminaron con la inhabilitación del titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
