Las reivindicaciones de los guardias civiles, que vienen denunciando desde hace años su precariedad laboral y de medios, como la carencia de simples chalecos antibala, encontraron buena acogida esta semana en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados por parte de la oposición, pero chocaron con la escasa voluntad de los políticos para ponerse de acuerdo y con el ansia de protagonismo de los grupos parlamentarios.

Los guardias civiles, a través de sus organizaciones representativas, Sindicato Unión de Guardias Civiles (UniónGC)  y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han denunciado en múltiples ocasiones las precarias condiciones en las que realizan su trabajo, con falta de chalecos antibala, incluso en situaciones extremas, como en la lucha contra el yihadismo, o con vehículos que tienen medio millón de kilómetros rodados.

Las asociaciones también han denunciado que se siga aplicando a los agentes el Código Penal militar, con penas de cárcel para casos de simples faltas administrativas o de una simple discusión con un superior.

La curiosa convergencia Podemos-PP

ELPLURAL.COM ha intentado acercarse a la posición de los Grupos políticos para entender por qué todos los Grupos exhibieron sensibilidad ante la situación de los guardias, destacaron con hermosas palabras su papel en la sociedad, -son la institución más valorada- pero fueron incapaces de ponerse de acuerdo para intentar dar soluciones a sus reivindicaciones. Una postura intransigente que dejó ver curiosas ‘alianzas’ durante la votación, como la del Partido Popular con Podemos frente a la propuesta socialista. Una postura convergente que, por supuesto, tiene muy diferente argumentario.


Lo que propuso el PSOE
El PSOE propuso regresar a su Ley Orgánica 12, de octubre de 2007, en la que limitaba la aplicación del Código Penal Militar a supuestos de misiones de naturaleza militar y reconocía el derecho de asociación de los guardias civiles para facilitar la defensa de sus reivindicaciones.

En su proposición no de ley pedía, además, mejorar las condiciones laborales de los guardias, para que “puedan ejercer su trabajo policial en condiciones dignas”.

El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Ramón Trevín, denunció la “clara voluntad del Gobierno de recortar derechos y perseguir a los disidentes en todos los ámbitos”, y también de los guardias civiles.

Podemos dice que es "un brindis al sol"
La propuesta del PSOE fue rechazada por Unidos-Podemos, que votó, lo mismo que el PP, en contra. El portavoz de Interior, Juan Antonio Delgado, en declaraciones a ELPLURAL.COM, ha criticado duramente a los socialistas calificando su proposición no de ley de “brindis al sol” y “lavado de cara” por la defensa de su ley de 2007, que considera ya obsoleta, y que “no reconoce el derecho a sindicatos” para los guardias ni la necesidad de derogar el Código Penal militar.

“La decisión del PSOE en 2007 de limitar el Código militar a casos de misiones de naturaleza militar no sirvió para mucho porque se dejó el asunto en manos de la interpretación del Supremo  y en la realidad se sigue juzgando a agentes por infracciones disciplinarias”, explica Delgado.

Unidos-Podemos, por otra parte, defiende el derecho de los guardias a integrarse en sindicatos, a manifestarse y a contar con negociación colectiva. El PSOE mantiene el derecho de los guardias a “asociaciones profesionales” que puedan defender sus intereses en el Consejo de la Guardia Civil.

El portavoz de Podemos recuerda que “desde 2004 se han abierto 250 expedientes disciplinarios contra representantes de las asociaciones de guardias civiles”.


PP y Ciudadanos, en la gradilocuencia
El Partido Popular, que no apoyó ni ampliar los derechos de los agentes con la aprobación de sindicatos ni derogar la aplicación del Código Penal militar, se escudó tras la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional que, según defendió la portavoz María Jesús Bonilla Domínguez, limitan los derechos a los cuerpos y fuerzas de Seguridad. “Nosotros votamos en contra porque la legislación vigente y la jurisprudencia Supremo Constitucional avalan” esas limitaciones y ya “está garantizado el derecho de asociación”, que garantiza la defensa de “sus derechos, tanto profesionales, como económicos como sociales”. 

Por Ciudadanos, Saúl Ramírez Freire aseguró que su grupo entiende que “la negociación colectiva es fundamental para asegurar los derechos de los guardias”, que la situación de estos “les preocupa sobremanera”, sin embargo, optaron por abstenerse ante las propuestas. La razón que usó este grupo, o pretexto, es que propondrán “una subcomisión para el estudio de un Cuerpo moderno”.

"La paciencia de los guardias se acabó"
Este jueves, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, en declaraciones a ELPLURAL.COM, lamentaba que cada grupo político se limitara a pedir que se aprobara “lo suyo, un ejemplo práctico que refleja la actividad política actual”, y advertía de que “la paciencia a los guardias civiles se ha acabado. Si no nos escuchan evidenciaremos el conflicto en la calle”, añadía Fernández.