Política
Ana Garrido, testigo del caso Gürtel. SERGIO CARMONA
Ana Garrido, denunciante y testigo del caso Gürtel.
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SERGIO CARMONA

“Callar ante la corrupción es vivir con un sueldo y hablar ser desahuciado y vilipendiado”

La ‘Plataforma X la Honestidad’ insta en el Congreso a acometer de manera urgente la protección de los denunciantes de corrupción

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Mar, 18 Oct 2016

Los ciudadanos viven conmocionados estos días por las imágenes y declaraciones en juicios contra la corrupción como la Gürtel o las ‘tarjetas black’ de Cajamadrid, de estos procesos no habrían sido posibles sin la labor de denunciantes anónimos que primero no aceptaron las corruptelas que estaban viendo como funcionarios públicos y luego tuvieron la valentía de denunciar a pesar del coste personal que ello les podía suponer. La ‘Plataforma X la Honestidad’ ha transmitido en el Congreso la necesidad de dotar a la figura del denunciante de un estatus de amparo y protección legal, y entre los encargados de llevar ese mensaje a los diputados figuraban dos personas que hablaban desde la experiencia: Ana Garrido, una de las denunciante de la trama Gürtel en Boadilla que pagó laboralmente por ello, y Luis Segura, el teniente que escribió un libro contra la corrupción en el Ejército y fue arrestado y expulsado de la carrera militar, asunto que ahora dirimen los juzgados.

Representantes de todos los partidos menos el PP y CC
La plataforma ya ha andado parte del camino de su reivindicación, de hecho han presentado la iniciativa junto a casi los diputados que forman parte de las Comisiones de Justicia y de lucha contra la corrupción del Congreso, “excepto del Partido Popular, partido al que no hemos invitado al ser un partido imputado por corrupción y Coalición Canaria, único partido que a fecha de hoy no ha contestado a nuestra invitación”. Los representantes de los diferentes partidos presentes han incidido en que los contactos ya se han iniciado y que están en plena sintonía con sus reivindicaciones, instando a ponerse a trabajar en ello de manera inmediata en cuanto la legislatura eche a andar de manera efectiva. La petición básica de la plataforma es un marco legal de protección a los denunciantes de corrupción que “anime a mas funcionarios a denunciar hechos delictivos, que haga justicia con los que ya han denunciado y que sea administrada por una Autoridad independiente respecto de los poderes legislativo y ejecutivo para que, de esta forma, sea una ley efectiva”.

La ley “coja” actualmente en el lado de la protección del denunciante

Ana Garrido alertó de la paradoja de que como funcionarios hayan cumplido con su obligación de “servicio ciudadano” al no caer en la corrupción, pero que la ley “está coja” al no proteger al denunciante. Explicó que les piden asesoramiento para poder denunciar y debería existir un cauce institucional y legal para canalizar con garantías ese proceso. Luis Segura hizo un relato muy emotivo del drama actual del denunciante como en su caso particular: “¿Cómo le puedo explicar a un hijo que no podemos comer o que me han desahuciado por denunciar la corrupción? Callar es vivir con un sueldo y hablar es ser desahuciado y vilipendiado”, lamentó sobre su situación económica y los ataques que ha sufrido desde determinados medios.

“El mensaje social es que no pasa nada por ser el pícaro”
Segura hizo una reflexión sobre el caldo de cultivo predominante: “El mensaje social es que no pasa nada por ser el pícaro, por ser Francisco Nicolás, pueden ganar dinero en ‘realities’, pero los denunciantes… no tienes relevancia para los medios –se preocupan por la corrupción pero no por el denunciante- ni para los políticos”. “No merecemos ser abandonados”, insistió. Así, reclamó que el futuro marco legal contemple que sea un juez independiente el que conceda y quita la protección y el que tenga potestad de investigar las consecuencias o represalias que se deriven de la denuncia inicial. “Quiero pedir responsabilidad no por Ana ni por mí, sino por los que vienen, tengo en el correo más de 1.000 mensajes de personas que quieren denunciar corrupción y no se atreven”, insistió. En su caso particular también alertó de que “España vive un anacronismo al mantener la justicia militar” y apuntó que Alemania ya ha desterrado la jurisdicción propia del Ejército y Reino Unido la ha adaptado.

Jueces para la Democracia también pide endurecer las penas
Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, también ha secundado la iniciativa y ha reclamado actuar tanto en la defensa de los denunciantes como en el otro lado con un “mayor agravamiento de las penas” para los corruptos. Reclamó asimismo más “medios económicos en la lucha contra esta lacra” y juzgados y jueces especializados ya que “las tramas delictivas son cada vez más complejas”.

Consenso entre los grupos sobre la necesidad de actuar ya
Entre los representantes de las fuerzas políticas todos coincidieron en la necesidad de actuar de manera inmediata. Toni Cantó, que preside los trabajos para crear una comisión anticorrupción en el Congreso, apuntó que nadie debería pasar “el viacrucis” vivido por Garrido o Segura. Apuntó que su partido propone trabajar en cinco ejes de protección para el denunciante:  asesoría legal, que se respete su posición laboral, que reciba una indemnización por los posibles daños y medidas de protección (como traslados laborales). Enric Morera (Compromís) reivindicó “la trastienda” que hay detrás de los casos de corrupción que se están destapando y defendió que “este trabajo meritorio debe ser protegido”, así como “lanzar el mensaje de que la sociedad está con vosotros” y no “con los del otro lado”, el de los corruptos. Artemi Rallo, del PSOE, celebró el consenso político paro instó a “pasar a la acción” ya que “todos los partidos tenemos un paquete de propuestas que están esperando a que esto arranque”. Invitó a evaluar también la posibilidad de un órgano específico para la lucha contra la corrupción e instó a “ser ambicioso” para que la protección no se limite “al ámbito público” sino también al de las empresas privadas. Juan Pedro Yllanes (Podemos) también subrayó la “urgencia” de actuar ya y abordar un proyecto integral contra la corrupción “a más tardar en las dos próximas semanas”.