Y no está falto de razón cuando descubrimos que al juez Flors sus propios compañeros le han limitado su capacidad para investigar la trama del Caso Gürtel en Valencía, no permitiendo ir más allá de la averiguación sobre quién pagó los trajes, sin darle opción a investigar el por qué de los regalos y qué contraprestaciones podían recibir de la administración valenciana. La negativa a citar como imputados a los donantes de los regalos, y la no admisión de cualquier prueba nueva estos días se negaba la declaraciòn como testigos de seis consejeros para explicar los contratos de la Generalitat con empresas de la trama), así lo confirma.

Resulta judicialmente escandaloso que se justifique la negativa a ampliar la persecución judicial a los cabecillas de la trama bajo el argumento de que ya están siendo investigados por el Tribunal de Justicia de Madrid; para que todo el mundo lo entienda, es como si una banda de delincuentes cometen crímenes en Madrid y en Valencia, y la justicia limita la investigación a los delitos cometidos en la primera de las ciudades reseñadas, permitiendo que queden impunes respecto de los que han tenido lugar en Valencia. ¿Alguien lo puede comprender?.

Estamos asistiendo desde hace meses a una pantomima judicial, propiciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y presuntamente dirigida por su presidente Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), que se niega a profundizar en la investigación, limitándose ésta a lo más liviano y superficial. A Camps le han transmitido que aguante, que todo quedará en nada, o en muy poco, y tal parece que el final ya está cerca. Lo que no entiendo es la pasividad del Fiscal para consentir que esto suceda.

A Camps le han confeccionado un traje judicial a su medida para que se mantenga en el cargo con un desgaste soportable. Si fuese un presidente socialista ya habría dimitido por la presión de sus votantes y del propio PP; pero ya sabemos como se las gasta la derecha en España: le justificarán las mentiras vertidas en sede judicial y parlamentaria, le convertirán en la víctima de una cacería contra su persona, y acabará sacando pecho ante su electorado. Si recordamos los antecedentes de una presunta financiación ilegal del PP descubierta en 1989, precisamente en Valencia, ya sabemos como acabó el famoso "Caso Naseiro": fue archivado por el TS por motivos puramente formales, al declararse nulas las grabaciones que confirmaban lo sucedido, y un por entonces desconocido Zaplana, que llegó a afirmar que estaba en política para hacerse rico, llegó a ser Presidente de la Comunidad Valenciana, para convertirse posteriormente en Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y por "méritos personales", ha conseguido jubilarse como delegado para Europa de la multinacional española Telefónica.

Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo y ejerce como abogado en Asturias desde hace más de 33 años
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