Joaquín Leguina, poco después de haber sido elegido presidente de la Comunidad de Madrid, a mediados de la década de los ochenta, plantó cara también al Gobierno que presidía Felipe González, intentando por todos los medios implantar su famoso recargo del 3 por ciento en el IRPF. Una intensa oposición ciudadana, por un lado, y la firmeza de González, por el otro, provocaron que Leguina diera marcha atrás. Subir los impuestos acostumbra a no ser una medida popular.

Sin tardanza
Ahora, José Montilla exige que la financiación prevista en el nuevo Estatuto se aplique sin tardanza y de acuerdo con una normativa que aprobaron tanto el Congreso de los Diputados como el Senado y que, por último, refrendaron los ciudadanos de Cataluña. Pero mientras sobre Montilla –algo similar le había ocurrido antes a Pasqual Maragall- se proyecta por algunos la sombra de la sospecha nacionalista, Bono y Leguina salieron políticamente indemnes, en este sentido, de su pulso al Gobierno. Y es que ni Castilla-La Mancha ni, por supuesto, Madrid suscitan sospecha alguna secesionista o, al menos, de rebeldía abierta frente al poder central, que es lo que, por cierto, impulsa desde hace unos años Esperanza Aguirre. En cambio, Cataluña, sí.

En vía muerta, no
Montilla hace lo que hace porque se debe a la voluntad de los catalanes y porque esgrime una razón irreprochable o que tendría que serlo: las leyes están para cumplirse. Montilla, por lo demás, no puede permitirse el lujo de que se vayan dilatando o aparcando en vía muerta las propuestas estatutarias. Su fracaso –que se producirá si no consigue resultados tangibles y no únicamente buenas palabras- supondría el fin de la única opción, hasta el momento posible, de frenar el resurgimiento primero nacionalista y más tarde soberanista. O también el retorno a la alianza entre el PP y CiU que, en la práctica, duró ocho años y que no debe descartarse.

Pues manos a la obra
¿Favorecen cualquiera de estas dos posibilidades al Gobierno Zapatero y, en términos globales, al proyecto de España? Montilla y Zapatero están condenados a entenderse. “El hecho de que no haya acuerdo hoy no significa que no lo haya mañana”, dijo el otro día la secretaria de Organización del PSOE, Leire Patín. Pues que algunos dejen ya de marear la perdiz y se pongan, unos y otros, manos a la obra. ¿A quién beneficiaría la caída de Montilla o una crisis grave en el PSC? La respuesta es obvia. Basta con observar cómo la derecha española y la derecha catalana han empezado a frotarse las manos. No falta tanto para las próximas elecciones catalanas.

Enric Sopena es director de El Plural