La actitud de la Iglesia católica en España –en relación con la política- rebasa con creces los límites de lo razonable. Con motivo de las elecciones del 9-M, esta realidad se ha reflejado con intensidad fuera de nuestras fronteras. Medios tan prestigiosos como The New York Times o la ARD (Televisión Pública Alemana, a través de su primera cadena), entre otros, han criticado con severidad el comportamiento de la cúpula episcopal española. Y han llegado a hacerse cruces, y nunca mejor dicho.

Esta Iglesia es, digámoslo sin tapujos, una anomalía. Una anomalía a menudo perversa. Y no aludo con esta aseveración a los creyentes en general, ni a la religión católica como tal, sino a muchos de sus jerarcas o a sus representantes al más alto nivel. La injerencia -por otra parte antievangélica- del clero en la vida pública no es de ahora. Viene de muy lejos. En la España contemporánea vivió su época dorada –o, dicho con exactitud, su época más ignominiosa- durante la guerra civil y los cuarenta años posteriores.

Los jefes españoles del catolicismo continúan sin superar la nostalgia de un tiempo pasado en el cual formaron parte –y una parte no menor, sino muy relevante- de la estructura del poder existente entonces. Fueron el soporte teóricamente moral de una dictadura infame. Avalaron, pues, sus crueles desmanes. Y participaron sin escrúpulos en los distintos ámbitos del poder. Pasearon a Franco bajo palio y, mientras tanto, ocupaban escaños en aquellas Cortes obscenas o presidían el denominado Consejo del Reino.

Frente a todo esto, el Gobierno Zapatero –ratificado otra vez por una mayoría amplia de españoles- no debe continuar mirando de soslayo y, en la práctica, manteniendo una posición de cierta dureza dialéctica, pero de escasa firmeza. El trato con la Iglesia ha sido exquisito y económicamente muy generoso. Incluso siguen los obispos contratando y despidiendo, según su criterio, a profesores y profesoras de Religión gracias al dinero público y con el Gobierno asintiendo de facto a tamaño despropósito. Hay que revisar el Concordato o los acuerdos vigentes –dudosamente constitucionales- entre el Estado español y la Iglesia católica.

Y hay que poner punto final a ese escándalo mayúsculo, sin parangón en país alguno de la Unión Europa, que es la COPE. No se trata de cerrarla. Se trata de que cumpla fielmente su propio código de conducta, que mañana, tarde y noche es vulnerado deliberadamente con la complicidad explícita o implícita de los obispos. La COPE es una máquina brutal puesta al servicio de la derecha. Es una plataforma de crispación, de manipulación y de insultos. Es la prueba del nueve, irrefutable, de que la Iglesia católica en España sigue metida, de hoz y coz, en la política. Apoya al PP y procura hundir por todos los medios al PSOE, a IU y a los partidos nacionalistas.

Zapatero tuvo el coraje, en su primer mandato, de ordenar el retorno de las tropas españolas en Irak. Fue ésa su primera y admirable medida como presidente del Gobierno. No se asustó frente a Bush. Algo parecido ha de hacer, y pronto, respecto a la Iglesia. Sería un acto de soberanía –al fin y al cabo el Vaticano es también un Estado- y un acto de dignidad patriótica o cívica. Zapatero debe terminar con esta anomalía. No con la Iglesia, naturalmente, sino con sus excesos intolerables, persistentes y ofensivos.

Enric Sopena es el director de El Plural