Lo que viene sucediendo durante este verano en el aeropuerto del Prat es algo así como el reflejo casi perfecto de los disparates que los gobiernos del PP vienen cometiendo en Cataluña. Esta temporada turística comenzó en el aeropuerto barcelonés con grandes colas en los controles de pasaportes, debidos fundamentalmente al bajo número de agentes de la Policía Nacional encargados de esta función; se tardó demasiado en corregir esta situación, pero al final se hizo de forma satisfactoria. Pero inmediatamente después todo se complicó con la huelga de los trabajadores de Eulen, la empresa privada a la que la gestora público-privada de los aeropuertos españoles, Aena, había concedido el servicio de seguridad y control de pasajeros y equipajes en el mismo aeropuerto del Prat.

La situación se ha complicado hasta tal punto que, una vez fracasada la intermediación entre trabajadores y empresa realizada por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha recurrido a la Guardia Civil para intentar paliar de manera temporal los graves efectos de la huelga de los empleados de Eulen y parece que esta misma semana, en un consejo de ministros extraordinario, dictará un laudo arbitral de obligado cumplimiento. Ambas medidas no solo son extremas sino que son consideradas más que discutibles por muchos juristas.

Los problemas del aeropuerto de Barcelona pueden parecer solo de carácter laboral pero en realidad tienen un origen sin duda político

¿Era necesario llegar a una situación que obligase a la adopción de estas medidas? ¿Por qué todo esto ocurre únicamente en el Prat y no en cualquier otro aeropuerto español, y en concreto en el de Barajas, el único comparable en cantidad de vuelos y número de pasajeros? ¿Por qué los gestores de Aena aceptaron las condiciones propuestas por Eulen en el aeropuerto de Barcelona, cuando era evidente que con ellas dicha empresa privada impondría condiciones laborales, no solo de retribuciones sino también de horarios, que más pronto que tarde provocarían un conflicto y la huelga consiguiente? ¿Por qué no se ha procedido a la descentralización efectiva de la gestión de los aeropuertos españoles?

Los problemas del aeropuerto de Barcelona pueden parecer solo de carácter laboral pero en realidad tienen un origen sin duda político. La privatización de los servicios de seguridad y control de pasajeros y equipajes, antes competencia propia de la Guardia Civil y que pasó a manos de unas pocas empresas privadas con vinculaciones evidentes con el PP, es un claro ejemplo de esta causa política del conflicto. 

Otro ejemplo evidente de las raíces políticas del problema es que no es de recibo que un aeropuerto como el del Prat, que da a Aena cuantiosos beneficios anuales, cuente con unos servicios que a todas luces no son los adecuados en todo cuanto se refiere a su control y seguridad. Algo que es particularmente preocupante, además, cuando en toda España nos encontramos en el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. 

Estos y muchos otros polvos son la causa de gran parte de los lodos actuales

Aunque la aventura iniciada por el secesionismo catalán sin duda es un disparate, conviene tener en cuenta que situaciones tan graves como las vividas desde hace semanas en el aeropuerto de Barcelona explican en parte aquella “desafección” que el entonces presidente de la Generalitat José Montilla advirtió, hace ya diez años, que se producía en Cataluña respecto al proyecto español común. Estos y muchos otros polvos son la causa de gran parte de los lodos actuales. Las políticas recentralizadoras y privatizadoras de los gobiernos del PP presididos por Aznar y Rajoy están la raíz misma del conflicto del aeropuerto del Prat, que da razones a la sinrazón secesionista.