Opinión
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La 'lavadora' de Montoro a la que acudió la Gürtel, la Púnica, Rato...

La amnistía fiscal tuvo un nulo impacto económico excepto para sus usuarios: Bárcenas, Granados, la esposa de Cañete, Alberto López Viejo

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Jue, 8 Jun 2017

Este jueves, el Tribunal Constitucional daba un varapalo por unanimidad al Gobierno de Mariano Rajoy en la figura de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El último garante de que la Carta Magna se cumpla decidía echar abajo la amnistía fiscal con el argumento de que no podía regularse con un decreto ley semejante barbarie que afecta a la justicia social que se recoge en el primer artículo de la Constitución. O, de manera más técnica, porque el decreto ley no puede usarse para medidas que afecten al Título I de la Constitución, en este caso al artículo 31.1 que recoge el "deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".

Hablamos de lo que técnicamente se llamó Declaración Especial Tributaria (DET), pero que todo el mundo conoce por amnistía fiscal. Bueno, todo el mundo, menos el Gobierno, que ha agotado el diccionario para usar términos como  “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas” o “regularización de rentas y de activos”.

Por muy bonito que se pintara, en definitiva de lo que se hablaba es de perdonar las multas y la persecución judicial a aquellos que durante años evitaron poner en el bote común de Hacienda, a base de esconder su dinero en paraísos fiscales. El trato era que pudieran traer su dinero a la sucursal de debajo de casa, lo que ahorra mucho tiempo en cada viaje al cajero, a cambio de pagar sólo el 10%. A cualquiera que eche un vistazo a su nómina le parecerá poco, pero aún era menos, porque sólo estaban pagando un 3% de manera efectiva.

Por si la amnistía fiscal no era lo suficientemente polémica, hay que recordar que su artífice, el ministro de Hacienda, es fundador de Montoro y Asociados, un despacho dedicado a asesorar a las grandes fortunas sobre cómo pagar menos impuestos. El ministro promete haberse desvinculado de la empresa, que ahora se llama Equipo Económico, aunque la utilizó como caladero para pescar muchos de los fichajes que le acompañan en su cartera. Y esa transparencia para evitar el conflicto de intereses no le molestó mientras era oposición y ocupaba un puesto de eurodiputado con el Partido Popular.


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En teoría, con la amnistía fiscal sólo podían traerse su dinero aquellos que no lo hubieran obtenido de manera ilícita. De facto, se convirtió en un coladero por el que entraron muchos criminales, con especial devoción entre el mundo de las corruptelas.

Tener una cuenta en el extranjero no es algo de ahora, como pudiera pensarse con las maniobras de Ignacio González en la Operación Lezo. De hecho, es casi una tradición entre los tesoreros del Partido Popular, con especial querencia por el mundo alpino. En Suiza se la han encontrado a Luis Bárcenas, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís. También a Luis Fraga, senador y sobrino del fundador del PP, al hermano y a la esposa de Bárcenas, al hijo de Sanchís, a los alcaldes de la Gürtel, a los cabecillas de esta trama y a varios de los empresarios vinculados…

Muchos de ellos han sido usuarios de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Luis Bárcenas, por ejemplo, regularizó 22 millones de euros, por los que sólo pagó 1,4 millones, es decir, el 6,6%. También se acogieron a este perdón tributario los exconsejeros de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, según tuvo que desvelar Hacienda al juez instructor de Gürtel. Y empresarios imputados en la trama, con Manuel Salinas a la cabeza, que regularizó 7 millones, el conseguidor Ramón Blanco Balín (504.738 euros) o el todopoderoso magnate leonés, José Luis Ulibarri, entre otros.

Fuera de la trama Gürtel, destacan nombres como el de Rodrigo Rato. El que fuera mentor político de Montoro y “gran artífice” (así se llamaba su biografía que presentó el propio ministro de Hacienda) del milagro económico de España se acogió a la amnistía fiscal, olvidando sus tiempos de ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, cuando daba lecciones a los españoles sobre pagar impuestos.

Y Francisco Granados, quien duerme en prisión desde hace casi tres años, tampoco dejó escapar la oportunidad que le brindaba el Gobierno del partido que luego le rechazaría. Casi en el tiempo de descuento, el que fuera número dos de Aguirre utilizó la amnistía fiscal para regularizar su dinero en Suiza, que ascendía a 1,5 millones. Granados presentó dos DET y casi le sale a devolver: sólo pagó el 3,9%. Sin embargo, en conversación con ELPLURAL.COM, Granados asegura que la información es falsa y que nunca se acogió a la amnistía fiscal.

Incluso personas que tenían información de primera mano no dudaron en acudir a la indulgencia de Hacienda. Micaela Domecq, esposa del entonces ministro de Medio Ambiente y hoy comisario europeo, también se acogió a esta medida. Algo que se supo después de conocerse que tenía sociedades en Panamá.

La decisión del Tribunal Constitucional es de un calado político inmenso. El ministro de Hacienda que debía preservar que hubiera dinero en la caja es acusado por el mayor tribunal del país de cometer una "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Por eso, y porque estrellado una de sus medidas estrella, ya debería dimitir.

Desde el punto de vista económico, su impacto es nulo. Los reducidos impuestos recaudados están salvaguardados, pero no se someterá a ninguna revisión a quienes se acogieron a la medida. Lo que pasó en la amnistía, se queda en la amnistía.

La irrelevancia económica, a fin de cuentas, no es una novedad. En 2012, la amnistía fiscal recaudó 1.200 millones de euros, la mitad de lo que se esperaba Montoro. Por comparar, en la última legislatura de Zapatero, sin amnistías, la lucha contra el fraude –y no la indulgencia- consiguió recaudar 56.000 millones de euros.

Nos prometieron que la amnistía fiscal era “una medida excepcional para un tiempo excepcional” para luchar contra el déficit y la deuda. Cuatro años después, es una medida anticonstitucional, una mancha en el Gobierno, no hemos cumplido el déficit hasta este año –por la mínima y gracias a las comunidades autónomas- y la hucha de las pensiones está esquilmada. Aquellos de pulserita de España y cuenta en Suiza han sido los únicos ganadores. “Excepcionalmente”.

 

Marcos Paradinas es redactor jefe de ELPLURAL.COM