Cuando algunos creían que ya lo habíamos visto y sabido todo o casi todo sobre la corrupción y la financiación ilegal del PP, resulta que no era así, que únicamente conocíamos una mínima parte de lo que cada día es más evidente que se trata de una corrupción tan sistemática como sistémica.

Los datos que nos van llegando con cuentagotas acerca del por el momento último escándalo pepero de corrupción nos ofrecen un panorama de auténtica podredumbre política y moral. El espectacular caso relacionado con el Canal de Isabel II madrileño y con todo el complejo y multimillonario entramado de todo tipo de prácticas presuntamente delictivas relacionadas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y por ahora cerca de sesenta personas más –no solo políticos sino también empresarios,  editores, periodistas, magistrados, fiscales…- supera ya con creces todo lo que conocíamos de esta clase de prácticas llevadas a cabo con el dinero público en Valencia, Baleares, Murcia, Galicia y especialmente en la misma Comunidad de Madrid.

Ni el más imaginativo de los guionistas de cualquier serie televisiva hubiese podido hacer mínimamente creíble para los espectadores todo cuanto vamos conociendo estos días. Curtidos ya desde hace años con los sucesivos escándalos de corrupción pepera con base en Madrid y sus aledaños -entre otros, los casos Gürtel, Púnica, Bankia, Bárcenas, tarjetas “black”, Rato…-, lo que estamos conociendo ahora supera ampliamente todas las previsiones. Entre otras razones por la magnitud enorme del muchísimo dinero supuestamente defraudado y/o malversado, y que por tanto ha sido sustraído al conjunto de la ciudadanía. Pero sobre todo porque detrás de este tremendo escándalo hay todo un mundo de complicidades que va mucho más allá del terreno de la política y que pone en evidencia la existencia de una trama delictiva en la que concurren también empresarios, financieros, periodistas, editores y, según parece, incluso algunos magistrados y jueces, por no hablar ya de algún alto cargo del Ministerio de Interior.

No sé si algún día el PP será finalmente condenado por alguna sentencia firme como una “organización criminal”, como sostiene ya algún que otro auto judicial. Lo que sí tengo muy claro es que nos quedan muy cortas las palabras que se han utilizado hasta ahora para definir esta corrupción sistémica y sistemática que afecta al PP: “lodazal”, “charca putrefacta”, “estercolero”, “ciénaga”, “tremedal”…

Para mí en realidad se trata de una fosa séptica. O, mucho mejor, de una sentina, es decir aquella cavidad inferior de un barco en donde se acumulan las aguas procedentes de todo tipo de filtraciones y que desde allí son expulsadas.

Pero es que además se trata de una sentina obturada desde hace ya muchos, demasiados años. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, tantos años como los casi catorce que han transcurrido desde el mes de junio de 2003, cuando se produjo el tristemente célebre “tamayazo” protagonizado por dos diputados tránsfugas del PSOE con cuyo concurso el PP se hizo por vez primera con la Presidencia de dicha comunidad autónoma, siendo así Esperanza Aguirre quien la ocupó en lugar del socialista Rafael Simancas, entonces claro vencedor en las urnas.

Me parece muy conveniente recordarlo precisamente ahora, no solo al PP sino muy especialmente a todos aquellos que, por activa o por pasiva, permiten que este partido todavía nos siga gobernando.