Existen labores de alta responsabilidad para las que la cualificación personal, basada en una titulación académica y/o en el acreditado y reconocido mérito, debería ser del todo exigible. A nadie se le ocurriría poner al frente de un centro de salud al primero que pasase por la calle, ni a conducir un taxi a alguien que no tuviera la acreditación reglamentaria ni hubiera demostrado su pericia al volante. Del mismo modo, ningún recién llegado sin experiencia previa ni capacitación alguna, debería ser nombrado gerente de una empresa con miles de trabajadores, pues pondría en peligro tanto sus empleos como el futuro de la compañía.

Sin embargo, cuando analizamos el ámbito de gestión de la política y muy especialmente el de la política municipal, nos encontramos con casos que no atienden a lo que dicta el sentido común a este respecto. Hay que insistir en que estamos hablando del ámbito de la gestión no del de la responsabilidad, para el que los cargos electos quedan absoluta e incuestionablemente autorizados por el mandato que emana de los votos. Pero ese mandato debe encajarse en el marco de la sensatez en beneficio de todos.

Uno de los ámbitos más delicados en la responsabilidad de gobierno municipal es el de la gestión del agua. Por supuesto que las decisiones respecto a su gobernanza deben ser tomadas desde el gobierno municipal. Pero la gestión no. La gestión del agua no puede ejercerse desde la oportunidad política sino que debe recaer en los profesionales del agua. La capacitación, la experiencia, el conocimiento, la pericia y el talento deben ser requisitos indispensables para ponerse al frente de un servicio tan complejo y tan esencial para la ciudadanía como es el servicio público de aguas.

Por eso es tan acertado que dicho servicio esté basado en la colaboración público privada, como ocurre en la mayoría de los pueblos y ciudades. Servicios del más alto nivel puestos a disposición del gobierno municipal. El mejor equipamiento, tanto tecnológico como humano, subordinado a las directrices del responsable político y sometido a su estricto control. Pero gestionado por los expertos, por los profesionales. Cuidado con los experimentos en la gestión de los servicios esenciales porque corremos el riesgo de desatender las estrictas normas que deben regirlos, tanto sanitarias como sociales y medioambientales.

El acceso al agua potable y de saneamiento es un derecho humano por el que deben velar todos los gobiernos. Por eso su servicio debe ser universal y debe alcanzar a todos, incluidos los que por uno u otro motivo no pueden atender al pago del recibo. Asimismo debe someterse a las normativas medioambientales en vigor y reducir su impacto en el entorno. Por eso debe ser ejercido desde la máxima responsabilidad y no desde el oportunismo.

Esperemos que la sensatez y el afán por el bien común que deben regir la gestión del agua prevalezcan sobre la argucia ideológica y las ansias de notoriedad de algunos responsables municipales con ganas de experimentar nuevos modelos. Los experimentos nunca con agua, siempre con gaseosa.