El debate sobre la nueva financiación del sistema español de pensiones parece por fin abrirse paso. No hace falta insistir mucho en que se trata de uno de los asuntos decisivos en la nueva legislatura. Lo es, por su impacto económico pero, como suele suceder en estos casos, la trascendencia social es seguramente mucho mayor. El año que viene habrá desaparecido el fondo de reserva del sistema de pensiones (creado por Aznar y del que Zapatero no sacó ni un euro) y su déficit anual será –ya casi lo es- la principal fuente del déficit público en las Administraciones Centrales (es decir sin contar las CCAA y las Corporaciones Locales).

Empleo precario igual a menores cotizaciones

Hay una parte del diagnóstico relativamente sencilla. Se crea empleo sí,  pero una parte muy importante, alrededor de un tercio de los nuevos empleos, es a tiempo parcial y cuando es a tiempo completo los salarios son muy bajos. Los últimos datos disponibles (Ejecución del Presupuesto de la Seguridad Social. Septiembre de 2016) arrojan una mejora en la recaudación por cotizaciones pero sigue siendo muy inferior al aumento del empleo (lo que indica que las bases medias de cotización están cayendo). El gasto está aumentando  a un ritmo anual del 3,4% mientras que los ingresos totales no llegan a crecer al 1%.

Para tener una idea aproximada del efecto conjunto de la pérdida de afiliación durante la crisis y la contundencia de la devaluación salarial llevada a cabo a partir de 2012, basta recordar que la recaudación actual es inferior en más de 8.000 millones a la registrada en 2008, cuando comenzó la crisis, y también es menor en 5.000 millones a la producida en 2011 (pese a que durante lo que va 2016 ya se ha superado la cifra de cotizantes existente en ese año).

En algo más de un lustro (2012-2017) los déficits sucesivos registrados en el sistema de pensiones habrán acabado con el Fondo de Reserva. Aunque se trata de un acontecimiento que reviste un gran carga simbólica –el Gobierno que consagra la austeridad y reprocha el “despilfarro” anterior a su llegada habrá acabado en apenas seis años con el superávit acumulado en el decenio previo- no hay que dejar que se abra camino el tremendismo. Al fin y al cabo cuando se acabe el Fondo de Reserva el sistema de pensiones español habrá sido capaz de aguantar más de 9 años desde que estallara la crisis sin tener que haber subido un ápice los tipos de cotización. Su función era esa precisamente: poder combatir los ciclos recesivos sin tener que revisar al alza las cotizaciones de empresarios y trabajadores cuando las condiciones son peores.

Premisa falsa: se arregla solo con más empleo

Creo que es muy importante impedir que se instalen dos ideas que me parecen especialmente nocivas en la coyuntura actual de nuestro sistema de pensiones. La primera tiene que ver con un discurso impropio del rigor que necesita el debate actual: nuestros problemas se resuelven con más empleo, si todo va como en los dos últimos años no hay graves motivos para la preocupación. Por supuesto, el empleo es clave en la financiación de un sistema de reparto, pero no es suficiente si no se acompaña con mejores salarios. De poco sirve ganar en afiliación si al mismo tiempo lo que ganamos por esa vía lo perdemos en forma de menores salarios y más bajas cotizaciones.

Lo que la devaluación salarial y la forma en que salimos de la crisis, con empleos precarios, bajas salarios y pobreza laboral, están produciendo es el adelanto en casi una década del escenario previsto en la reforma de 2011. Entonces se creía que el Fondo de Reserva podría financiar los déficits del sistema hasta más allá de 2020. A partir de entonces los déficits ya habrían acabado con el Fondo y serían necesarios nuevos ingresos que deberían provenir de la financiación del Estado si no queremos incrementar las cotizaciones sociales. El Acuerdo Social y Económico firmado en 2011 entre el Gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales así lo planteaba. Para equilibrar el sistema hoy, solo a través de la creación de empleo, se necesitarían 3.100.000 nuevos afiliados. Pero si las bases de cotización y los gastos crecen como hasta ahora sería necesario crear cada año 700.000 empleos durante las próximas décadas. La magnitud de estas exigencias ilustra bien las razones por las que no basta solo con más empleo en la forma y condiciones en que hoy se crea para afrontar los retos de nuestro sistema de pensiones.

Otra premisa falsa: se arregla cambiando las pensiones de viudedad

La segunda idea a apartar del debate es que lo que hoy hace falta es financiar las pensiones de viudedad con tributos. Esto no es ni necesario ni suficiente. Lo importante es saber que hoy hacen falta casi 20.000 millones de euros para que desaparezca el déficit del sistema. Esos son los nuevos ingresos que necesitamos. Pero las pensiones de viudedad son hoy pensiones contributivas y así deben seguir siéndolo. No hay muchas razones para pensar que deben ser tales pensiones las que reciban financiación del Estado ¿Y por qué no el resto de las pensiones contributivas?

El hecho de que hoy gastemos en pensiones de viudedad una cantidad similar a la cuantía del déficit no puede ser la razón. Ello es así porque lo que hoy parecería suficiente, mañana no lo será. Dentro de 20 años el déficit llegará ser de 30.000 millones y podría alcanzar los 35.000 millones unos años  más tarde.

Se necesita un nuevo modelo financiero

Descartada la idea, más bien peregrina, de que sean las Comunidades Autónomas las que se encarguen de una prestación que forma parte de nuestro sistema de Seguridad Social, el centro de atención debería seguir siendo el diseño de un nuevo modelo financiero para nuestras pensiones en las que los tributos lleguen a alcanzar dentro de dos décadas y media alrededor de un 30% de los ingresos.

Estudiemos sus efectos. Si es o no imprescindible la creación de una figura tributaria exclusiva para esta nueva etapa, o basta con una mezcla de recargos o complementos en figuras tributarias ya existentes. Si tiene sentido que las cotizaciones sociales puedan subir en alguna medida teniendo en cuenta que los costes salariales han disminuido drásticamente tras la reforma laboral de 2012.

Pero no nos equivoquemos, los tributos deberán financiar el conjunto del sistema y no solo la pensión de viudedad, una figura que, aunque podría admitir reformas es una pensión contributiva vinculada al salario y a la cotización de la persona fallecida. Así es hoy en Europa y así debe seguir siéndolo en España.