Tamayo se pregunta, pues, si el Ejecutivo está en manos de la cúpula eclesiástica y toma como punto de partida el primer mandato socialista de 1982 cuando, bajo la presidencia de Felipe González, pensar esto era imposible. Tal respuesta, sin embargo, se fue matizando y el ideario laico fundacional del PSOE dio muestras de resquebrajarse paulatinamente.

Leyes progresistas
El teólogo apunta que la primera legislatura de Zapatero resistía las embestidas de la Iglesia; el Parlamento aprobó leyes que sin duda supusieron un guiño a la modernidad y al progresismo. El matrimonio homosexual, el divorcio exprés y las Técnicas de Reproducción Asistida vieron luz bajo el amparo de unos legisladores que aguantaban la presión del rabioso sector católico conservador que echó mano de artilugios anacrónico-categóricos como calificar estas iniciativas de anti naturales, convocar manifestaciones en defensa de la familia, y descalificar al Gobierno tachándolo de “fundamentalista laicista” –lo cual, según ellos, debe de ser una especie de insulto…-.

El Gobierno flaquea
Sin embargo, prosigue Tamayo, fue a mitad del anterior mandato de Zapatero cuando la presión católica hizo mella en el Ejecutivo. Prueba de ello son el que se mantuviera la enseñanza de la religión en la Ley Orgánica de Educación y el incremento de la contribución tributaria a la Iglesia del 0,52% al 0,7%. “Y si el Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con la jerarquía católica y con la FERE la Ley de Eduación para la Ciudadanía, ahora está dispuesto a llegar a acuerdos sobre los contenidos de la nueva asignatura. ¡De nuevo la jerarquía católica colegisladora!”, se lamenta el catedrático.

Contradicciones constitucionales
Pero Tamayo va más allá, y sitúa el origen del problema en el propio texto constitucional que, por una parte, ampara el trato de favor a la Iglesia y, por otra, discrimina a las demás confesiones religiosas. Según el teólogo, el artículo 16.3 de la Carta Magna incurre en una clara contradicción al afirmar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y después matizar que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”. Parece ilógica la mención al ente eclesiástico en la Constitución de un Estado que se declara a sí mismo no confesional y laico. La sombra del nacionalcatolicismo, dice Tamayo, "es alargada".

Reformas indispensables
Más allá de la mera crítica, Juan José Tamayo apunta la necesidad imperativa de acometer dos reformas para salvaguardar al Estado del yugo católico. La primera, al citado artículo 16.3, y la segunda, a los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, “que constituyen la plasmación jurídica del trato de favor a la Iglesia católica y son el punto de apoyo (…) para reclamar unos derechos que, en realidad, son privilegios”. “Mientras estas dos reformas no se acometan, seguirán las relaciones mercantiles y la dependencia mutua entre la Iglesia católica y los sucesivos gobiernos, cualquiera que se su color político”, denuncia el teólogo.