Sentencia “arbitraria e injusta”
Y cree también que la sentencia “es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta, y dictada “extra legem”, o sea, no regulada por la ley. Si la ciudadanía fuera consultada acerca de si a Garzón se le ha hecho o no justicia, la mayoría de los españoles diría clamorosamente que no. Es más, esa mayoría subrayaría que estamos ante un proceso judicial cuyo auténtico objetivo no era otro que frenar en seco el caso Gürtel y ponerlo definitivamente –como ya ocurrió con el caso Naseiro- en vía muerta.

Abril 2010
Algunas voces muy respetables, procedentes de la izquierda, como Santiago Carrillo o Gaspar Llamazares, entre otros, han aludido estos días al caso Dreyfus. No les falta razón, ciertamente. El 19 de abril de 2010, en la revista El Siglo escribí un artículo titulado El caso Garzón y el caso Dreyfus, cuando comenzaba a observarse un probable golpe de mano político, convenientemente camuflado por la solemnidad de la justicia.

Villarejo y su ‘Yo acuso’
Afirmé lo siguiente, que sigue siendo, dos años después, válido: “El caso Garzón recuerda el histórico caso Dreyfus. El proceso judicial militar, que duró cerca de diez años, contra el capitán Alfred Dreyfus provocó serios enfrentamientos entre la Francia progresista y la Francia conservadora. No fue un juicio sumido en el silencio, como pretenden los que se quejan (…) de que los jueces de Garzón sean sometidos a la presión de sectores relevantes de la opinión pública. Hay que acatar las sentencias, pero es legítimo en democracia criticar a los jueces (…) Carlos Jiméneaz Villarejo ha hecho de Emile Zola difundiendo su Yo acuso. (…) Cuando la justicia se transforma en injusticia la protesta no sólo es legítima, sino necesaria”.

La batalla de la dignidad
No olvidemos que el capitán Dreyfus fue perseguido por ser un demócrata. Lo mismo, o muy parecido, le pasa ahora a Garzón. Lo atacan por ser un juez demócrata, progresista. Si hubiera podido acabar su tarea de instructor del ‘caso Gürtel’, las cosas habrían sido electoralmente bastante distintas. Jueces como Garzón enojan enormemente a la derechona en su dimensión judicial y mediática. La prensa popular se la tiene jurada. Para la democracia española sería, en estos tiempos difíciles, muy importante que Dreyfus/Garzón ganara la batalla de la dignidad.

Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

Antonio López cobra 47.000 euros, pero su nombre aparece todavía en el membrete de Sanitas

Buzoneo e intereses privados
Así, al menos, lo ha reconocido a ELPLURAL.COM el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, quien ha denunciado que el alcalde del PP de Manzanares es propietario de una empresa con intereses en el sector de los seguros médicos privados al tiempo que se privatiza el Hospital de esa localidad. Mora ha proporcionado a este periódico una copia (pinchar aquí para visualizarla) de una publicidad que se está buzoneando en la localidad durante estos días en la que “Antonio López de la Manzanara, S.L.” ofrece el seguro médico privado de Zurich, asociado con la empresa Sanitas.

“¿Qué intereses tiene el alcalde?”
Tras poner en evidencia estos hechos, Mora ha señalado que “el alcalde de Manzanares debe explicar qué intereses tiene él, personalmente en este sector, porque tenemos la sensación de que nadie más interesado que él en que se privatice ese hospital”. Hay que recordar que el de esta localidad es uno de los cinco centros hospitalarios que Cospedal va a poner en manos privadas, junto a los de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y, con toda seguridad, Toledo.

Compatibilidades
Los socialistas se preguntan también si es “legal” o “compatible” el sueldo de López, que ronda los 47.000 euros, con sus supuestas actividades empresariales. “Nadie puede entender que un alcalde de una localidad, con una población de 20.000 habitantes, gane más que el alcalde de Huesca, Zamora o Palencia, y que, además, pueda compatibilizar su responsabilidad política con la empresarial”, comentan.

Denuncias contra los vecinos
Pero mientras que el alcalde de Manzanares continúa con sus negocios particulares, según el PSOE,  130 vecinos de esta localidad fueron denunciados por la Guardia Civil (pinchar aquí para leer la denuncia) porque participaron en una “cacerolada” de protesta contra la privatización del hospital de Manzanares ante el ayuntamiento de esta localidad. El alcalde fue quien pidió la presencia de la Benemérita y la Subdelegación del Gobierno quiere sancionar ahora a los manifestantes con una multa de 300 euros. Ante esto, Mora lo tiene claro: “Están intentando amedrentar a los ciudadanos para que no protesten”.

Aniversario del golpe de estado
Y ahora, habéis convocado el Pleno del Consejo del Poder Judicial para consumar, a lo mejor “por unanimidad”, la expulsión de Baltasar Garzón de la Judicatura, en un día significativo y de triste recuerdo en la democracia como fue el intento de golpe de estado del 23 de Febrero de 1981. Permitirme que de forma irrespetuosa os diga que os ha traicionado el subconsciente, y habéis intentado evitarlo diciendo que ya está expulsado. Que habéis decidido ya y que mañana sólo es una mera ratificación del pleno de lo que ya está acordado.

Prisas por echar a Garzón
Pues no. No nos parece un mero trámite. Mañana os vais a pronunciar todos y todas sobre la expulsión de un compañero  de la carrera judicial. De un compañero que ha propiciado la unanimidad de una Sala del Tribunal Supremo que no quiso expulsar a un juez condenado por corrupto, el juez Urquía. Vosotros tampoco expulsasteis a Urquía de la carrera, y sin embargo, os apresurasteis a expulsar a Garzón incluso antes de ser condenado, de vuestro círculo de “corporativos” jueces y magistrados.

Malos momentos
Mañana consumáis también un duro golpe para la Justicia. Y sé que os causará escándalo que yo me atreva a deciros algo así. Pero os vuelvo a recordar porque ya lo he hecho en otros artículos que, según nuestra Constitución, “la Justicia emana del pueblo y la aplican los Tribunales en nombre del Rey”… aunque en estos tiempos la Casa Real no parece atravesar un buen momento, pero tampoco la Justicia atraviesa su mejor momento.

Rechazo y vergüenza
Vemos y oímos cantidad de voces y manifestaciones multitudinarias, expresando su rechazo y su vergüenza por lo que refleja esa sentencia que este jueves vais a ejecutar sin pensar de verdad en lo que significa para la defensa de la Justicia: un gran golpe a la credibilidad ciudadana, española y del mundo entero, de la Justicia que representáis.

Decisiones justas
Pese a la sorpresa e indignación que os han merecido esas criticas, con expresiones casi amenazantes a la ciudadanía, os recuerdo de nuevo de quién emana la Justicia a la que no hay que respetar por sometimiento, sino por sus decisiones si se entienden justas. En este caso no se ha estimado así por una gran parte de los ciudadanos entre los que me incluyo.

Acatamiento del sentenciado
Siempre he dicho que acatar una sentencia es una facultad que tiene la persona afectada por esa sentencia. En este caso, el Juez Baltasar Garzón, condenado por la misma, que hoy hemos sabido ha presentado ante esa Sala, la que le ha condenado, un recurso de nulidad por lo que entiende gravísimas infracciones de derechos constitucionales. Ello pese a que supuestamente y de forma unánime la Sala que dictó la sentencia, nos hacía ver que defendía un derecho fundamental, como es el derecho de defensa, aunque casualmente, la sentencia trataba de condenar al Juez Baltasar Garzón por un delito de PREVARICACIÓN.

Las coincidencias
Las que tenemos el vicio de leer la prensa, -además de la escrita, la digital-  vemos periódicos que como este, ELPLURAL.COM, han venido intentando informar de la enorme coincidencia que se ha dado en este caso, entre los Magistrados que han condenado a Baltasar Garzón y los despachos ¡grandes despachos! que defienden a muchos de los corruptos.

Razones para no respetar la sentencia
Las denuncias que ha hecho este diario (ver la edición de ayer y de estos últimos días el 19 y el 16 de febrero) sobre la participación de jueces, patrocinada por supuesto por algunos bufetes  como algunos que figuran en la pagina de FIDE (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), han sido resumidas en estas páginas por su director, Enric Sopena. Aquí se ha relatado como, sin ir más lejos, el ponente de la sentencia, señor Colmenero, figura desde el 2007 en la dirección de foros de esa Fundación junto a defensores de imputados en el año 2009 por el caso Gürtel. Este tipo de cosas no nos hacen, precisamente, respetar esa sentencia.

Por todo ello, el 23F, con vuestra resolución, culminará un grave atentado a la Justicia y a la Democracia. Aunque sólo sea en mi minoritaria opinión.

Cristina Almeida es abogada y ha sido diputada en el Congreso con IU y candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid  y senadora con el PSOE

A pesar que la Constitución proclama la libertad religiosa, la realidad es que las demás religiones no han recibido un trato igualitario. La religión debería ser algo que se ejerciese y se financiase desde la intimidad de las personas. Se trata de una creencia personal que no debería tener flecos en el mundo de la economía ni en el de la política, pero eso no es así.

Por eso recibimos con alivio que alguien tan poco sospechoso como el presidente italiano Monti,  haya  decidido que la Iglesia en ese país pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Eso que pagamos anualmente todos los ciudadanos afortunados de  poseer una vivienda.

La ley aprobada en Italia es muy moderada y sólo obliga al Vaticano a pagar el impuesto de aquellos edificios que no se dediquen al culto religioso, por lo tanto se refiere a colegios, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos alquilados a empresas que nada tienen que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.

La decisión se queda corta pues debería obligar también a los centros de oración, pero por algo se empieza. De todas formas, tampoco va a ser una tarea fácil ponerla en práctica, ya que no existe un catálogo de propiedades. El único trabajo realizado al respecto, pertenece al Partido Radical italiano, que cifra el número de inmuebles en 50.000.

Con esta medida la Hacienda italiana espera ingresar dos mil millones de euros.

Pero en nuestro país eso es casi impensable. Cada año, el Estado financia con más de 7.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. Hay estudios que hablan de 10 mil millones.

A ello hay que añadirle los casi 250 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la Renta,  los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF, y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.

Y a pesar de estas cifras que hacen temblar a cualquier ciudadano, dicen que no son unos privilegiados. Un colegio privado laico paga IRPF sobre beneficios y la parte salarial de sus empleados, IVA sobre sus compras e IBI en caso de propiedad. Uno de la Iglesia, no.

El IBI no pagado asciende a 4´86 millones de euros. De momento Izquierda Unida ha propuesto al Congreso un recorte del 20% en subvenciones a la Iglesia de la misma forma que ha hecho con patronal, sindicatos y partidos políticos.

Pero la dirección de la Iglesia católica no debería necesitar propuestas de nadie sino hacerlo por propia voluntad. Pero ni lo hace ni lo hará por muy mal que vayan las cosas. No tienen la menor vergüenza en seguir actuando como una agencia de calificación al estilo Moody ´s o Standard and Poors que juzgan a los demás pero ellos campan a sus anchas, sin que nadie les controle.

Mercè Rivas Torres es periodista y escritora

Se observan algunos síntomas de que los cargos policiales del  Estado y los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas habían recibido consignas de no cortarse un pelo al reprimir en ciernes los alborotos callejeros.

Así parece entenderse la actuación de Paula Sánchez de León, delegada gubernamental en la comunidad Valenciana; así como las declaraciones efectuadas por  su colega para la comunidad madrileña Cristina Cifuentes indicando que ella nunca hubiera permitido una acampada en la Puerta del Sol.

Si el estallido valenciano es producto de semejante consigna les ha salido el tiro por la culata. Las palabras pronunciadas en Londres por Mariano Rajoy indican su preocupación al respecto.

El presidente español, situado  a la vera de su colega británico David Cameron pidió calma a todos, lamentando que la imagen de España sufriera por estos sucesos.

¿Es un “todos” que alude a policías y estudiantes? En todo caso muestra su preocupación, consciente de que la calle también incide en el comportamiento de los mercados y que lo peor que podría pasar es que las televisiones europeas hicieran odiosas comparaciones con las protestas atenienses.

Las manifestaciones previas de Jorge Fernandez Díaz, el ministro del Interior, sugiriendo que podrían haberse producido excesos y la promesa de apertura de una investigación contribuían  a alimentar la inquietud que no se ha dispersado con unas aclaraciones que sólo aclararon su nerviosismo.

Con más de cinco millones de parados en marcha hacia los seis, con la corroboración por parte del propio Rajoy de que no podemos estar peor y que de ninguna forma se espera un decrecimiento del desempleo este año, así como las previsiones catastróficas del FMI, el estallido de la calle es algo más que una aprensión injustificada.

Todas estas circunstancias han reforzado los intentos del jefe del Ejecutivo hispano de conseguir como sea que el objetivo de déficit, marcado en el 4.4 por ciento se alivie un poco autorizándonos a pisar el 5.

Unas decimillas de nada que representaría pasar de un recorte de 40.000 millones a otro de 30.000 que tampoco es moco de pavo.

Unas decimillas que, sin embargo,  pudieran representar la distancia entre la paz y el estallido social.

Y es que la paz social no tiene precio, aunque evidentemente tiene un coste.

José García Abad es periodista y analista político

Más dificultades para la conciliación
La secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, ha explicado en un encuentro informativo que a partir de ahora la media hora de lactancia habrá de aplicarse diariamente y que para “cerrar aún más” las posibilidades de conciliación se modifica en el real decreto-ley el derecho que regula la concreción horaria en reducción de jornada. Así, según recoge el diario Expansión, se mantiene la previsión “genérica” de que le corresponde al trabajador la concreción horaria y la determinación del período de disfrute.

Tampoco bonificaciones para las madres que se reincorporan al mercado laboral
López también ha denunciado que en la reforma laboral hay otro ataque a la igualdad de género: se derogan las bonificaciones a las mujeres trabajadoras que, tras tener un hijo, se reincorporaban al mercado laboral dos años después de su permiso de maternidad.

“Serias dudas de inconstitucionalidad”
En el informe jurídico de CCOO también se alerta de que en la reforma laboral hay “serias dudas de inconstitucionalidad”. CCOO también está estudiando recurrir ante el Constitucional que se introduce el despido “libre y gratuito” con el contrato fijo nuevo que se crea para los autónomos y las pymes de menos de 50 trabajadores.

Para “congresos y este tipo de cosas”
Trias mostró su gran interés por el proyecto pero resto importancia al aspecto lúdico y de apuestas de las “Eurovegas”, ya que subrayó que el complejo “estará dedicado sobre todo a la vida congresual”. Así, insistió en que el proyecto debe hacerse “con sentido común, teniendo en cuenta que Barcelona es una ciudad de cultura, de conocimiento”, por lo que ha defendido que el complejo “tiene que ser un gran centro sobre todo dedicado a congresos y este tipo de cosas”. Por necesidades de suelo, Trias señaló al área metropolitana de Barcelona e instó a los alcaldes a no entrar en disputas. También alertó de que el proyecto no puede hacerse “a cualquier precio ni someterse a caprichos variados” en alusión a algunos de los cambios de ley ad hoc demandados por los promotores.

Mas advierte de que están más cerca de Madrid
También Artur Mas abordó su reunión con Adelson durante el pleno de hoy en el Parlament, donde recibió el apoyo del PPC para impulsar el proyecto. El presidente de la Generalitat dijo que el proyecto puede convertir a Barcelona en “el principal líder turístico de toda Europa” y dijo que aunque partían “por detrás claramente” de Madrid, ahora estan intentando “equilibrar la partida”. Mientras, la presidenta Aguirre, quien siempre ha advertido del interés de Cataluña por el proyecto y que lanzó a sus alcaldes a pujar por el macrocasino, advirtió ayer de que Adelson ya se ha reunido con ella “más de cinco veces”. La alcaldesa Ana Botella pidió “gran prudencia” porque posibles reformas que necesite Adelson requieren de un acuerdo entre las tres Administraciones, local, regional y central, y “quien tiene que dar las pautas es el Gobierno de la nación”.

Adelson ya ve el éxito garantizado por el Gobierno
Mientras Cataluña y Madrid se disputan acoger el proyecto de ocio, Adelson ya se frota las manos con los futuros beneficios. Este empresario de Las Vegas estrechamente vinculado al ala más dura del Partido Republicano -él y su esposa han donado cada uno 5 millones de dólares al candidato Gingrich- ha declarado en la revista Forbes que analiza los “últimos componentes” antes de tomar una decisión sobre la ubicación de su sede europea. Sheldon cree haber alcanzado ya con el Gobierno los acuerdos necesarios para “garantizar el éxito” de su inversión, sin dar ninguna pista de la ciudad por la que terminará decantándose para levantar Eurovegas, aunque a partir de “cuatro o cinco años” espera ganar “decenas de miles de millones de dólares” con sus casinos.

Pregunta: ¿Qué le parece la propuesta de Ana Mato de privatizar la seguridad a mujeres maltratadas?
Respuesta: Lo único que puedo decir es que contará con nuestra oposición más rotunda. Primera de todo porque las empresas privadas tendrán que empezar a formarse en violencia de género, que no es ninguna tontería. Es que como si alguien que tiene un cáncer decide ponerse en manos de alguien que no tiene ninguna noción sobre el tema. No es admisible, pero sí es asumible que aquí se va a privatizar hasta la respiración. Ana Mato sabe perfectamente quienes son las expertas en violencia de género en este país y parece que esté prescindiendo de ella.

P: ¿Qué relación tenéis ahora mismo con el Ministerio?
R: Nosotras le hemos pedido por carta a Ana Mato que nos reciba y estamos a la espera de contestación. El Observatorio Estatal de la Violencia de Género, del que soy consejera, recibió una invitación suya y tuvimos una reunión. Pero no nos contó nada sobre el tema de las privatizaciones porque le hubiéramos dado una respuesta mucho más acercada a la realidad de lo que podemos hacer ahora.

P: Se puede decir que os habéis enterado por la presa.
R: Sí, yo me he quedado de una pieza. Porque, ¿cuál es el conocimiento, cuál es la formación, cuáles son los años de experiencia de la empresa privada en la violencia de género? Es un asunto tan complicado, tan grave. Desde que existe ETA, la banda ha matado a casi 850 personas. En ese tiempo, más de 8.900 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Diez veces más. Y nunca ha habido interrupción, siempre han estado matando mujeres. Es, evidentemente, un tema muy complicado. Y no se puede arreglar diciendo: se lo voy a pasar a las empresas privadas. La empresa privada sólo tiene una finalidad última, que es ganar dinero. Si la protección de las víctimas se la van a pasar a ellos ya podemos estar preparándonos para lo peor.

P: Mato rechazó hablar de los recortes en violencia de género en regiones donde gobiernan, alegando que Zapatero recortó más. ¿Eso es así?
R: En Castilla-La Mancha y en Santander lo que está ocurriendo es alarmante. Están quitando a todas las personas dedicadas a la violencia de género y ni siquiera se ponen en manos de empresas. Simplemente, desaparecen los recursos. Yo tengo que decir que no es cierto que Zapatero restara medios económicos a la violencia de género. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Lo que hizo fue no aumentarlos, porque no podía. No restó ni el último año, ni en años anteriores.

P: ¿Qué esperáis de la gestión de Ana Mato?
R: A nosotros lo que nos dijo, al Observatorio, es que no le iban a doler prendas y no iba a desatender de ninguna manera la violencia de género ni iba a hacer recortes. Pero una cosa es lo que dice Ana Mato y otra la que hace Cospedal en Castilla-La Mancha, o lo que hace el PP en Cantabria, donde están acabando con recursos que no pueden suplir porque no hay personas formadas para esto.

P: Se le ha criticado a la ministra que usara la expresión “violencia en el entorno familiar”. ¿Qué supone eso?
R: En su momento le contestamos claramente y yo creo que ha corregido el lenguaje. Lo del entorno familiar es una manera de difuminar la realidad que sólo crea prejuicios. Eso envalentona al agresor, que adquiere el convencimiento de que puede hacer lo que quiera porque nunca le va a pasar nada. Y esa es una de las amenazas que más les dicen a las mujeres: “Tú di lo que quieras, que nadie te va a hacer caso”. Nosotras en su momento en tromba para decirle a Ana Mato que esto es violencia de género; terrorismo de género, para decirlo más claro. A partir de ahí no la he oído repetir lo del entorno familiar.