La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de una particular que recurrió ante los tribunales la obligación impuesta por Hacienda de que las ayudas por maternidad tributen IRPF. La afectada recurrió una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, organismo que dictó una resolución anulando la exención en la declaración del IRPF de la interesada de la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social a las madres trabajadoras durante las 16 semanas de baja tras el nacimiento de un hijo. Como informa el TSJM, la mujer no incluyó en su declaración los 8,993,60 euros que percibió en el ejercicio del 2013 en concepto prestación por maternidad al considerar que estaba exenta. Por ese motivo, finalmente tuvo que abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ahora que le sean reintegrados con sus correspondientes intereses legales.
Varias sentencias en contra
Tras analizar el escrito y toda la documentación al respecto, la Sala estima íntegramente el recurso y establece que a dicha prestación debe de aplicarse el beneficio tributario de no incluir esos ingresos en la declaración de la renta, dado que el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley 35/2006 de IRPF así lo regula y permite. Los magistrados señalan en la sentencia que «no hay que olvidar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social». «De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general», destacan.
Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El año pasado, el TSJM se pronunciaba ya en los mismos términos y establecía que la Agencia Tributaria debía devolver a una demandante un total de 3.135 euros más los intereses de demora, correspondiente al IRPF del año 2009, sobre una prestación total por maternidad de 11.679,36 euros.
En esa ocasión, los magistrados entendían que según las leyes de IRPF del año 2006 y de la Seguridad Social de 1994, las prestaciones por maternidad están exentas del pago de este impuesto.
Precisamente tras esa sentencia del pasado año del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunciara en octubre del 2016, unos meses después, en sentido contrario y denegando por tanto la exención de esta prestación, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, adoptó en marzo de este año una resolución por iniciativa propia para unificar criterio y estableció que dicha prestación debe tributar en el IRPF. Esa resolución es la que ahora ha tumbado de nuevo el TSJM.
Según Hacienda solo libran las ayudas de Comunidades y Ayuntamientos
El TEAC considera que la exención debe aplicarse únicamente a las prestaciones por maternidad satisfechas por las comunidades y entidades locales y no las que paga la Seguridad Social. Además, estima que que la prestación de maternidad de la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta del IRPF) que obtendría la madre por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. «La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí, sino la suspensión de la relación laboral que origina la maternidad», subraya el TEAC, tras precisar que dicha prestación se da igual en los casos de maternidad y adopción que en los demás previstos en la norma para el cobro de estos prestaciones, como el acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo para el embarazo.
La resolución del TEAC sirve para unificar criterio administrativo, pero son los tribunales judiciales los que tienen la última palabra y hasta que no se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo, la exención o no del impuesto lo decidirán los tribunales superiores autonómicos.
