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EFE

Las pensiones solo subirán 0,25% en un lustro por el déficit de la Seguridad Social

Unas prestaciones cada vez más altas, el incremento del número de jubilados y la baja cotización de los contratos actuales están provocando un saldo negativo

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Vie, 14 Jul 2017

Unas pensiones cada vez más altas, el incremento del número de jubilados y la baja cotización de los contratos actuales están provocando un saldo negativo en la Seguridad Social. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se estima que el Índice de Revalorización de las Pensiones no superará el 0,25% entre 2017 y 2022.

La Airef cree que los ingresos se quedaran por debajo de lo previsto por el Gobierno y el déficit de la Seguridad Social alcanzaría los 19.000 millones de euros en 2022. En el último año, se registró un saldo negativo de 18.096 millones. El Ejecutivo estima que los ingresos crecerán un 4% y los gastos un 2,7%, mientras que Aeref prevé que la recaudación subirá un 3,7% y los desembolsos un 2,9%.

A pesar del incremento en los ingresos, el sistema de pensiones aumenta cada año el gasto junto con el déficit y según Aeref las pensiones tendrían que caer un 3% este año para regularizar la situación y un 10% de cara a 2022. Cuando las cuentas no son positivas el Índice no revaloriza las pensiones y se aplica un mínimo legal de revalorización del 0,25%.

En esta situación, un pensionista que en 2017 cobre 1.000 euros pasará a cobrar en 2022 una pensión de 1.012,5 euros. Sin embargo, con una inflación que repuntará un 2% en 2017 y un 1,5% en 2018, se estima que el IPC se mantendrá al alza en el próximo lustro y supondrá una perdida acumula del poder adquisitivo para los pensionistas del 7%.

Reformas del Gobierno

Las pensiones crecerán menos que el PIB entre 2017 y 2022, de manera que cada vez se les destinará una proporción menor. La Autoridad explica que las reformas aprobadas en sede parlamentaria están logrando ralentizar las alzas del gasto. Entre las medidas adoptadas, destaca el retraso de la edad de jubilación a 67 años, el cambio de periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019. Esta última medida calcula la prestación inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida. 

Para pagar la extraordinaria de julio, el Gobierno recurrió a un crédito. Actuación ciritcada por los sindicatos CCOO y UGT que reclaman grantias en los pagos con aportaciones del Estado y que se tomen medidas para reducir el "agujero" de la Seguridad Social.