El Gobierno ha aprobado este viernes una oferta de empleo público de 20.280 plazas: 15.998 ordinarias y 4.282 extraordinarias para trabajadores que se dedicarána a luchar contra el fraude y la mejora de los servicios públicos.

Según ha explicado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de esta cifra 14.155 plazas son de libre ingreso y 6.125 serán para promoción interna.

A estas plazas se suman las 7.969 aprobadas en marzo, lo que da un total de 28.249 plazas. Se trata la mayor oferta de empleo público de la última década.


De las ofertadas este viernes que son de libre infreso, en total 14.155, 10.323 son de carácter ordinario (reposición de bajas por jubilación) y otras 3.832, extraordinarias (nuevo empleo). El resto de plazas, 6.125 serán para promoción interna de funcionarios de la Administración General del Estados (AGE). De estas, 5.675 son ordinarias y 450, extraordinarias.

Del total de oferta extraordinaria -esas 4.282 plazas que se convocarán entre 2017 y 2018- Hacienda detalla que 2.150 irán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 415 al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 564 a la Seguridad Social, 320 a la Inspección de Trabajo, 178 a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 150 al DNI y 505 al DGT.

Y del total de la oferta ordinaria, 15.998 plazas, 11.844 van a la Administración General del Estado, 3.794 a Justicia y 450 a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.

Cuando Montoro rechazó la emnienda 842


Montoro ha explicado que la oferta es "fruto de la negociación con los representantes de las centrales sindicales", a quienes ha querido agradecer su posición durante este acuerdo, ya que han respondido "de una forma extraordinaria".

Pero no está de más recordar que el pasado mes de junio tuvo lugar una revuelta de los sindicatos para reclamar a la Agencia Tributaria más contrataciones tras el recorte de 4.000 empleos en los últimos años que afectaban a la lucha contra el fraude.

En concreto, SIAT, CCOO, UGT y CSIF comunicaron movilizaciones con el objetivo de reclamar convocatorias extraordinarias de personal y denunciar la pérdida de unos 4.000 empleados de Hacienda en los últimos años: un hecho que, a juicio de los denunciantes, pone "en riesgo" la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.  

La respuesta de Montoro fue el rechazo a incorporar 1.000 funcionarios a la Agencia Tributaria. Lo hizo mediante la aprobación definitiva del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, mediante los cuales se elevó la negativa a los vetos y enmiendas parciales presentadas a las cuentas públicas durante su tramitación en la Cámara Alta.  

La enmienda 842, propuesta por Ciudadanos, planteaba el incremento de la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) en 1.000 nuevos efectivos, recuperando, de esta forma, los 1.000 de los 3.000 funcionarios que perdió la AEAT. Esto paliaría la revuelta sucedida en Hacienda por los recortes. 

“Seguiremos trabajando para conseguirlo, si cabe aún con más fuerza, y no cejaremos en nuestro empeño de conseguir la activación de la carrera enfocando ahora nuestros esfuerzos en conseguir que el Acuerdo de Carrera se active a través de una Ley o de un Decreto-ley”, declaraban desde los sindicatos la pasada semana. 

Un plan dirigido "sólo a la Administración General del Estado"

Como ya contamos en ELPLURAL.COM, los sindicatos también reclaman que las cuentas "no recogen ninguna medida que fomente o potencie la lucha contra el fraude impidiendo que la AEAT tenga más medios, tanto humanos como materiales, dedicados a tal fin".

Es por eso que el fin de sus protestas es la solicitud al Gobierno de "alcanzar una tasa de reposición razonable" y que actualice la carrera profesional de los empleados de la Agencia, "bloqueada desde el año 2012".

Fue este lunes cuando el responsable de Hacienda y Función Pública afirmó que en el Consejo de Ministros de este jueves presentarían un plan extraordinario de empleo. Sin embargo, los sindicatos que han estado movilizándose en las últimas semanas, lo consideran dirigido únicamente a la Administración General del Estado, y no a la totalidad del sector público.