La Comisión Europea (CE) ha dedidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado "completamente" en su legislación la normativa europea sobre créditos hipotecarios.

Los países europeos tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, según ha precisado en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que ya había pedido formalmente a España, Croacia, Chipre y Portugal en 2015 que implementasen la directiva, cuyo objetivo es "crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores".

Según Bruselas, la no aplicación de la ley europea en los Estados miembros da lugar a que los consumidores de esos países no dispongan de la protección que la misma otorga cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Sin la directiva, adoptada el 4 de febrero de 2014, los intermediarios de crédito tampoco pueden contar con un pasaporte para sus actividades comerciales, lo cual "priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros", explicó Bruselas.

La norma introduce la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito. Asimismo, posee disposiciones relativas al reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria.

La Comisión Europea ya pidió a España en mayo y noviembre del año pasado trasponer la directiva a la legislación nacional.  A eso se añade que el sector bancario español tiene varios frentes judiciales abiertos, por las cláusulas suelo de algunas hipotecas y los gastos de constitución en estos contratos de crédito. El Gobierno trabaja actualmente en una ley que debería dotar de mayor transparencia a los préstamos para la compra de viviendas.