La recuperación de la que hace alarde el gobierno de Mariano Rajoy, no parece traducirse en mayores inversiones. Así lo denuncia la Unión General de Trabajadores, que advierte de que los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 contemplan una inversión de 657 millones de euros menos en infraestructuras respecto al pasado año.

Esto significa un recorte de un 20 por ciento en relación a 2016, un porcentaje muy superior al último recorte aplicado. En total se destinarán a este apartado, 5.392 millones de euros, una cifra que se sitúa en niveles de hace 22 años. Respecto a la cuantía total de los presupuestos, la partida apenas supone un 1,6%, frente al 1.7% de 2016.

Para el sindicato, estos presupuestos no hacen más que “profundizar en las debilidades de un modelo productivo que adolece de graves estancamientos y retrocesos”.

A día de hoy, la economía de nuestro país, destaca la organización, “es más débil y más vulnerable ante shocks externos y vaivenes del ciclo económico internacional”. A esto hay que añadir el contexto de “alto desempleo y de elevado nivel de endeudamiento”, lo que aumenta todavía más “los riesgos para nuestra economía real”.

A juicio de UGT “la situación de la inversión en infraestructuras públicas no es coherente con la evolución macroeconómica y mucho menos con las necesidades del país y de su modelo productivo”.

Por tipo de infraestructura, cabe destacar que todas las partidas descienden, excepto  Aeropuertos, que aumenta un 13% (71,2 millones de euros) y Otras infraestructuras, que crece un 16%, casi 7 millones de euros.

La inversión en carreteras, sin embargo, cae un 13% (293 millones de euros), mientras la de ferrocarriles lo hace un 29% (1.262 millones de euros) y la de puertos un 1% (10 millones de euros).

Tampoco las infraestructuras hidráulicas tienen más suerte. Se recortan un 34% (426 millones) y las de costas y medioambientales más de un 15%, (39 millones de euros)..

El sindicato recuerda que el Libro Amarillo de los PGE 2017, en su apartado sobre infraestructuras, señala que la inversión pública en estos sistemas es “un instrumento básico para dinamizar la economía, aumentar la productividad, mejorar el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, vertebrar el territorio y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas”.