El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido hoy lo que el Gobierno ya adelantó a Bruselas en el Plan Presupuestario que entregó: la Seguridad Social está viviendo el mayor déficit de su historia. Según las cifras que ha presentado Montoro, la Seguridad Social vive con una desviación del 1,62%, lo que se traduce en un déficit de más de 18.000 millones.

El dato es ligeramente inferior a la previsión del 1,7% pero señala que la Seguridad Social atraviesa una situación difícil, con unos ingresos muy inferiores a los gastos. La causa está en que los nuevos pensionistas tienen derecho a mayores retribuciones y que los cacareados trabajos creados son tan precarios que no aportan lo suficiente con sus cotizaciones sociales.

La consecuencia inmediata es que el Fondo de Reserva, más conocido como "hucha de las pensiones" está a punto de agotarse, hasta el punto de que los 15.000 millones que aún quedan tras las continuas retiradas de fondos del Gobierno de Mariano Rajoy, apenas llegan para afrontar la próxima paga extra de verano. Pese a todo, Montoro insiste en mostrarse tranquilo, porque el déficit de la Seguridad Social es "asumible" por el conjunto de la Administración. Y "en 2017 los ingresos del sistema crecerán más que los gastos", ha señalado, con esperanza de que la situación se revierta a partir de este año.

Cumplimiento de déficit

Montoro también ha presumido de que, por primera vez desde que arrancó la crisis, España ha conseguido cumplir el objetivo de déficit que exige Bruselas. Sin ayudas financieras, la desviación de 2016 fue del 4,3% del PIB y del 4,56% teniendo en cuenta las ayudas. Ambas están por debajo del 4,6%. Aunque hay que tener en cuenta que Europa tuvo que rebajar las exigencias un punto, dado que el objetivo inicial era del 3,6%. Parte del méritos es de los Ayuntamiento, que han conseguido un superávit del 0,62% del PIB. Y nueve Comunidades Autónomas han conseguido cumplir con el déficit, pero Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana se han pasado del 0,7% exigido. País Vasco y Castilla-La mancha se han quedado en el límite, con un 0,71% y un 0,72%, respectivamente.