Gas Natural Fenosa iniciado el procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), con el objetivo de que se le devuelva la compañía Electricaribe con un marco regulatorio viable o, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que según la empresa, superará los 1.000 millones de dólares,según informa la compañía en un comunicado.
En la solicitud presentada, la compañía se alza, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje.
Denuncia indefensión e inseguridad jurídica en Colombia
La decisión de toma de posesión y de liquidación de Electricaribe y las demás acciones estatales contra Gas Natural Fenosa, tras activar en julio pasado los mecanismos de resolución amistosa de diferencias, son contrarias al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de las especiales condiciones en que ha de prestar su servicio, las cuales han sido obviadas por Colombia.
La compañía denuncia que "la actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país".
A pesar de solicitar el inicio del procedimiento arbitral, la empresa asegura que "mantiene su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo" que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.
"Fraude" consentido por el Gobierno: no pagan la luz
Gas Natural Fenosa sostiene que el Gobierno de Colombia no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas.
El comunicado de la empresa es muy crítico con la administración colombiana y afirma que "sorprende la falta de importancia que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude". Gas Natural fenosa reconoce que han de hacerse inversiones en la zona, pero acusa al Gobierno de pretender "ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 millones sólo en 2016), que incluye importantes deudas de organismos públicos colombianos".
