La reunión del Ministerio de Fomento con la patronal y los sindicatos de estibadores portuarios de este martes ha concluido sin acuerdo. La reunión para consensuar el decreto que liberaliza la gestión de carga y descarga de los puertos españoles apenas duró una hora según comentóel líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya.
Sentencia de la UE
El Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del viernes un proyecto de Real Decreto ley para liberalizar la actividad portuaria y cumplir así con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2014 que condenó a nuestro país con 21,5 millones por mantener una Ley de Puertos contraria a la libre competencia recogida en el artículo 49 del Tratado de la UE.
Los sindicatos de estibadores han advertido que, si se aprueba sin consenso el Real Decreto el viernes, convocarán más huelgas en los puertos, al margen de los paros parciales que está previsto que comiencen el lunes 20 y se desarrollen en días y horas alternos. "No tenemos otra salida que plantear movilizaciones", aseguró Antolín Goya a la salida de la reunión. "No vamos a esperar en casa a que nos llegue la carta de despido", así que "si el viernes se aprueba la reforma nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga.
Registro de estibadores
La principal reivindicación de los sindicatos es la creación de un registro de estibadores, pero el Gobierno argumenta que eso lo prohibe la UE. Sin embargo, los sindicatos sostienen que han presentado una alternativa: la creación de un registro similar al aprobado en Bélgica para garantizar la cualificación exigida en el sector.
Goya calificó de "posición cerrada" la postura del Ministerio Fomento, que dificultaba la posibilidad de "llegar a un acuerdo" a pesar de que los sindicatos acudieron a reunión con "alternativas, disposición y capacidad a negociar".
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, echa balones fuera y ciñe toda la responsabilidad a Bruselas: "Estamos atados de pies y manos" dijo en declaraciones a Televisión Española. "No nos vana permitir que haya un registro de trabajadores" de la estiba porque, dijo, "ya fuimos a la Comisión a pedirlo, igual que pedimos un periodo transitorio de cuatro años" para implantar totalmente el Decreto ley "y sólo nos han permitido tres".
Despido masivo
El proyecto del Gobierno supone, según los sindicatos "un despido masivo de trabajadores financiado con fondos públicos", dado que la pretensión del loby empresarial es que sea la Autoridad Portuaria la que los costes laborales, que supondrían un máximo de 350 millones de euros.
Sobre la nueva convocatoria de movilizaciones el ministro que tienen perfecto derecho, pero reclama que que no haya actos vandálicos, en clara referencia a situaciones que se vienen produciendo desde hace casi una semana como el ataque a la terminal Auto Términal de Barcelona.
