La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a la consellera Meritxell Borràs por el proceso para licitar la compra de urnas para el referéndum ha reclamado a la Generalitat el expediente completo del concurso, que se acabó declarando desierto.

En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas acuerda abrir diligencias contra Borràs y su ex número dos Francesc Esteve, “sin perjuicio de que se produzcan, en su caso, ampliaciones del objeto de la investigación y de los sujetos investigados”, a raíz de la querella de la Fiscalía, que la sala admitió a trámite el pasado 20 de junio.

La juez requiere en su auto al Departamento de Gobernación que “a la máxima brevedad” le aporte el original íntegro del expediente que se incoó para convocar el acuerdo marco para el suministro de urnas, que fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el 9 de mayo pasado. ¿Tú que votarías en el referéndum si fueras catalán?

Dicho acuerdo fue declarado desierto, porque la Generalitat consideró que las empresas que concurrieron a la misma no cumplían los requisitos técnicos, pero, aun así, el TSJC se negó a archivar la querella, ante los indicios de que el proceso de licitación no era un hecho “aislado”, sino vinculado al referéndum y orientado “a infringir el mandato del Constitucional”.

En su querella, la Fiscalía Superior de Cataluña acusa a Borràs y a Esteve de los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación al entender que la licitación de la compra de urnas suponía una “puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista”.

Posteriormente, el ministerio público amplió su querella para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont.

En su escrito de ampliación, la Fiscalía sostiene que, aunque el anuncio de Puigdemont no ha “venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable”, es “indudable” que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.