La CUP ya ha reaccionado al anuncio de este miércoles de la Fiscalía General que ha amenazado con lanzar orden de detención sobre aquellos alcaldes que se niegen a declarar para dar explicaciones sobre su posible apoyo y trabajo para la celebración del referéndum del 1-O.
Y pese a ello, aunque podrían ser detenidos, la formación independista lo tiene claro: ninguno de sus 15 alcaldes irán a declarar ante la Fiscalía. Están dispuestos a seguir desobedeciendo aunque ello conlleve penas de cárcel.
Hay que recordar que los alcaldes e la CUP ya han sido citados a declarar en calidad de investigados por apoyar el referéndum.
Un llamamiento a la desobediencia
Además, en un comunicado, La CUP ha pedido al resto de partidos que sigan su camino, que se nieguen a prestar declaración.
Según explican, los alcaldes tendrían derecho a ello amparándose "la ley del referéndum aprobada por la mayoría soberanista en el Parlament la semana pasada y en la legitimidad democrática mayoritaria de los catalanes y catalanas que quieren ejercer su derecho a voto el próximo 1 de octubre". Olvidando que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional la llamada ley del referéndum y la convocatoria del 1-O.
¿La Fiscalía puede ordenar detenciones de alcaldes?
Este miércoles, la Fiscalía General del Estado ha decidido enviar una providencia a las delegaciones del Ministerio Público en Cataluña para que investiguen a los alcaldes y consistorios que estén tomando acciones para apoyar el referéndum independentista del próximo 1 de octubre. La Fiscalía se ha dirigido también al cuerpo de los Mossos D'Esquadra para que llamasen a declarar a estos regidores y, si se negasen, procedan a su detención.
Tras la aprobación en el Parlament de la convocatoria del referéndum la pasada semana y su firma por el Govern, fueron muchos los alcaldes que, pese a la previsible prohibición del Tribunal Constitucional, mostraron en redes sociales cómo firmaban su respuesta a Carles Puigdemont mostrando su apoyo al referéndum del 1-O.
Sin embargo, la CUP sigue en su afán de agarrarse a una idea que, de antemano, es falsa. Para la CUP, la Fiscalía General del Estado está "limitada por su estatuto” y por ello “no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación”.
“Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite de competencias vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad", añaden.
Así, no han dudado den denunciar una “estrategia represora del Estado", “demofóbia” y “ataques a los derechos fundamentales” por parte del Estado al ordenar detenciones que lo que buscan es esparcir el miedo entre los catalanes y los representantes públicos.
