Sun Tzu dijo: todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Y en eso están los dirigentes independentistas, en amagar y no dar, hasta que den, se supone, todo para intentar sorprender distraído a Mariano Rajoy o dormido al Tribunal Constitucional. Los diputados de JxS se fueron de vacaciones anunciando al movimiento independentista que tras el ferragosto iba a empezar la cuenta atrás para llegar al encontronazo institucional, previsto para los idus de setiembre. Hasta los periodistas parlamentarios planearon sus vacaciones según este calendario, ahora desmentido, al menos en los prolegómenos.

La primera fecha señalada en rojo histórico correspondía a la convocatoria de la Mesa del Parlament, en cuya reunión debía decidirse la incorporación de la ley del referéndum de autodeterminación en el orden del día del primer pleno, inicialmente previsto para finales de agosto. Para sorpresa general y decepción de los periodistas recién incorporados al trabajo, la mesa no tomó en consideración dicha incorporación, dada la complejidad de la ley, según comentó Carme Forcadell. La apelación a la complejidad del texto legal que pretende amparar la convocatoria unilateral del referéndum tiene su gracia, dado que esta misma ley es la que se propone aprobar por la vía de urgencia, sin atender a dicha complejidad ni trascendencia, como se cuidó de subrayar, inútilmente, el Consell de Garanties Estatutàries.

La clave de esta guerra jurídica sigue siendo el engaño sugerido por el viejo teórico, la distracción del adversario o la desorientación de los dirigentes independentistas, según la perspectiva en que se mire. Incluso hubo quien habló de cobardía tras conocer el aplazamiento. Sin embargo, a pesar de la suspensión provisional del nuevo reglamento, ratificada por el TC al rechazar el recurso del Parlament, los planes de JxS y el gobierno de Puigdemont/Junqueras siguen siendo los mismos: convocar el referéndum antes de la Diada del 11 de Setiembre, con el aval de un texto aprobado por el Parlament, aunque esté suspendido por el TC, del que hace tiempo han desconectado, a pesar de haber presentado recientemente un recurso contra la suspensión del nuevo reglamento.

Para llegar a este punto, los dirigentes independentistas van cambiando de argumentación, según proceda a cada circunstancia o estado de ánimo del movimiento. En algunos momentos, interesa que se acumulen las prohibiciones constitucionales a las decisiones del Parlament para aumentar la “indignación democrática” de las bases, en otras, como es el caso de la prudencia exhibida por la Mesa, se apela justamente a la amenaza de tales suspensiones para no materializar un acto susceptible de ser impugnado, abriendo la vía a las inhabilitaciones.

Una de cal y otra de arena. La propia presidenta de la cámara catalana practica el juego: un día no tiene inconveniente en asumir el riesgo de inhabilitación por tramitar la reforma del reglamento y al otro, evita firmar la ley del referéndum, como hizo el resto de diputados de JxS, apelando a su papel institucional y ahorrándose un posible nuevo conflicto. Y lo primero que hace a su regreso al despacho es posponer la inclusión de dicha ley en el orden del día, saltándose la norma de la Mesa de incorporar los textos registrados (este lo fue a finales de julio) en el primer pleno convocado.  

La decepción inicial por el retraso en el trámite decidido por Carme Forcadell se amortiguó de inmediato para tranquilidad de los diputados y de los fieles, explicando los caminos alternativos que ofrece el reglamento vigente del Parlament para poder llegar puntualmente a la cita del choque con el Estado. Está el artículo 81.3, el que permite la alteración del orden del día del pleno por un acuerdo de la mayoría absoluta. La ley podría ser incorporada en el pleno de 6/7 de setiembre sin ninguna dificultad, aunque provocara la protesta unánime y airada de la oposición.

También el artículo 155.1, que faculta al pleno para incorporar en el orden del día un decreto ley en cuanto es publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, aprobado tal vez un minuto antes del cierre de la edición del diario oficial, permitiría a la mayoría independentista salirse con la suya, al menos formalmente. Es fácil aventurar que sea cual sea la fórmula elegida, estas o una proposición de ley, también el gobierno Rajoy estará dispuesto a trabajar horas extras o nocturnas para enviar al minuto el texto aprobado al TC.

En realidad, todos los movimientos legales de ida y venida del Parlament al TC podrían considerarse intrascendentes, dada la determinación del presidente Puigdemont de convocar el referéndum sea cual sea la situación jurídica de las leyes tramitadas y vaya a ser o no inhabilitado por ello. El día realmente marcado en rojo es el de la firma del decreto, el resto es humo, incluso el gatillazo de ayer.