El Tribunal de Cuentas ha emitido este miércoles un auto con el que exige que sea Artur Mas y el resto de organizadores los que paguem los 5,12 millones que costó la consulta soberanita del 9-N. Un referéndum que se pagó en 2014 con dinero público.
La Generalitat presentó un recurso con la intención de parar este proceso, pero ahora, tal y como ha adelantado El Mundo, el Tribunal de Cuentas ha enviado dos autos a las partes implicadas. El primero, desestima dicho recurso. El segundo, inicia un nuevo proceso con el que se exige que sean los responsables de organizar el 9-N los que cubran ahora los costes.
¿Qué significa esto? Pues, de momento, que a Artur Mas y otros organizadores se les pedirá una fianza y se les embargará de forma preventiva sus bienes.
Pagarán después del verano
De continuar este proceso, cuando acabe el verano podríamos ver a Mas y aquellos que eran durante el 9-N conseller: Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, entregando su patrimonio para devolver el dinero público con el que se pagó la consulta soberanista.
Así, si de dividen los 5,12 millones que costó el 9-N, cada uno de los cuatro acusados tendrán que pagar 1,28 millones.
Miedo en el cuerpo
El expresidente de la Generalitat ha respondido al requerimiento del Tribunal de Cuentas. En una declaración ante los medios ha asegurado que no dispone del dinero necesario para hacer frente al montante reclamado y defiende que con esta decisión sólo se busca “meter el miedo en el cuerpo a la gente, que es la especialidad del Gobierno español”.
