El partido de Ada Colau mantiene una posición provisional sobre el anunciado referéndum de autodeterminación, del que solo se conoce la fecha, la pregunta y la presunta legalidad alternativa en la que se va a apoyar el presidente Puigdemont a la hora de firmar el decreto de convocatoria. Hasta que no se conozca dicho decreto y las normas complementarias de organización y garantías, Catalunya en Comú no va a moverse de su argumento: la propuesta de referéndum que se conoce no es el referéndum que necesita Cataluña para afrontar su futuro, es poco más que una repetición del 9-N, una movilización de los independentistas para ganar fuerza política.

Los independentistas acusan a la alcaldesa de Barcelona y a su partido de mantener una actitud ambigua respecto al referéndum, porque en estos momentos, la única verdad oficial del Gobierno catalán es que el referéndum unilateral será vinculante y se va a celebrar de todas, todas. Poner en duda este paradigma es ser un aliado del PP, el partido de la corrupción y las cloacas del Estado. Y no hay duda más dolorosa que la procedente del campo soberanista. De ahí que Colau, partidaria indiscutible del derecho a decidir, se esté convirtiendo en una auténtica obsesión para los independentistas, objeto de un insistente pressing político y mediático. No les consuela el hecho de la provisionalidad de la posición y la predisposición de Catalunya en Comú a revisarla si se les ofrecen detalles convincentes sobre la eficacia del referéndum.

Un referéndum con pocas garantías

Colau y dirigentes del partido como Xavier Domènech, insistieron ayer en señalar la insuficiencia de garantías del referéndum de Puigdemont y en anunciar que muchos de ellos participarían en la movilización del 1-O, porque siempre estarán a favor del derecho a decidir. La alcaldesa, además, ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona ofrecerá todas las facilidades para dicha movilización, de la misma manera que las ofrecería ante un referéndum-referéndum, con todas las garantías de la ley. Este juego de afirmación del soberanismo y negación del referéndum tal como está previsto, practicado con habilidad por los Comunes saca de quicio a los dirigentes de JxS y la CUP, que a estas alturas de la hoja de ruta no están para matices de garantías y credibilidad, ni para repetir la experiencia del 9-N, ni mucho menos a jugar al gato y al ratón con Colau.

La aceptación del referéndum como un referéndum de verdad por parte de Catalunya en Comú y su participación activa en la campaña, resulta clave para alcanzar cierta credibilidad en el resultado, atendiendo a la posibilidad de que los seguidores de esta fuerza política son los únicos votantes potenciales del "No" que podrían acercarse a las urnas. Se da por descontado que Ciutadans, PSC y PP no van a darse por enterados de la celebración de la consulta, excepto para recordar su ilegalidad. Unas urnas sin votos contrarios a la independencia es el peor de los escenarios de la convocatoria de llegarse a celebrar.

¿Se celebrará de verdad el 1-O?

Además de no creerse este referéndum, los Comuns dudan de que realmente vaya a celebrarse nada el día 1 de octubre por la oposición frontal del gobierno de Rajoy y la facilidad de gatillo jurídico demostrada por el Tribunal Constitucional. Esta sospecha les reafirma en la conveniencia de no adelantar acontecimientos ni pronunciamientos formales ante hipótesis por confirmar. En todo caso, han repetido en diferentes ocasiones que, de producirse una reacción desmesurada del gobierno contra los impulsores de esta movilización democrática, ellos estarán al lado de los dirigentes independentistas inhabilitados o sancionados.

En definitiva, que en caso de que la firma del decreto de convocatoria desencadene una prohibición con las consiguientes querellas, la aplicación del artículo 155 o cualquier represalia al alcance de la legislación vigente, los Comuns saldrán a la calle al lado de los independentistas, porque una cosa es no creer en la viabilidad de lo propuesta como hacen ellos y otra muy diferente, a su juicio, es que se prohíba la expresión democrática de la misma.

Y ahí está la fuerza de Colau, la necesitan para asegurarse unos miles de papeletas del "No" en las urnas, les desquicia sus exigencias garantistas respecto del referéndum y saben que será una aliada el día de la verdad, cuando haya que sacar la gente a la calle para expresar la indignación popular por la prohibición del 1-O. El galimatías se complica cuando se consideran unas eventuales elecciones al Parlament como consecuencia de lo que vaya a suceder en el mes de setiembre. Colau puede ser la dirigente soberanista que advirtió del error de forzar un referéndum sin garantías, la alcaldesa que lideró la solidaridad con los represaliados por insistir en la convocatoria prohibida, también puede ser señalada como la responsable del fracaso. Lo que es difícil de creer es que Catalunya en Comú no fuera a participar de un referéndum con garantías de éxito.