El Consell de Garanties Estatutàries, el organismo consultivo que vela por la adecuación de las leyes del Parlament a la Constitución y al Estatuto, acaba de dar propinar un nuevo disgusto a la mayoría independentista al considerar que la propuesta de reforma del reglamento es contraria a la carta magna y al propio Estatuto de Cataluña. Con esta reforma ahora deslegitimada, JxS y la CUP pretenden introducir los cambios reglamentarios imprescindibles para poder aprobar la ley del referéndum de autodeterminación, anunciada el pasado martes, y la de desconexión, guardada todavía en el cajón de los secretos, por la vía rápida: introducción vía urgencia en el orden del día de un pleno ya en marcha y aprobación por lectura única. Dos horas y listos para pasar a la historia.
El consejo de garantías aprobó por unanimidad el dictamen que desaconseja estos cambios y su tramitación a partir de la iniciativa de solo dos grupos parlamentarios cuando el reglamento en vigor exige una ponencia conjunta de todos los grupos para realizar este tipo de modificaciones reglamentarias. El documento alerta además de la exigencia de respetar los derechos de los diputados de la oposición en todo debate en la cámara.
Muy probablemente, este dictamen no condicionará a la mayoría de la mesa del Parlament en su propósito de aceptar la incorporación por sorpresa de la ley del referéndum en el orden del día de la sesión más oportuna (a finales de agosto, tal vez) para intentar sortear la reacción del Tribunal Constitucional y poder firmar el correspondiente decreto de convocatoria antes de la suspensión de la norma legislativa que lo avalará. Las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries no son de cumplimiento preceptivo. De ahí la mínima preocupación de los dirigentes independentistas por este tipo de recriminaciones jurídicas.
Tampoco la reciente suspensión por parte del TC de las partidas presupuestarias destinadas a la compra de las urnas necesarias para la celebración del referéndum unilateral ha afectado a la determinación del gobierno Puigdemont. Una vez declarado desierto el concurso para la adquisición de dichas urnas, por incumplimiento de los criterios exigidos por parte de las empresas concursantes o por precaución de los responsables del concurso para no precipitar una inhabilitación, diversas fuentes gubernamentales han apuntado la posibilidad de materializar la compra por adjudicación directa de última hora.
Sólo queda ampararse en el derecho internacional
Las dos grandes consignas del independentismo son ahora: todo a última hora y todo amparándonos en el derecho internacional. Tras el fabuloso y creativo salto al vacío proclamado esta semana, anunciando la creación de una legislación alternativa a la española y al propio Estatut, a partir de una ley ordinaria del Parlament, aprobada por simple mayoría, todas las dificultades jurídicas planteadas por el estado se han evaporado. El vicepresidente Oriol Junqueras ya ha introducido en su discurso el nuevo mantra: “Yo no puedo desobedecer a la ONU” y tras él, todos los propagandistas de la causa independentista han descubierto la llave mágica de la apelación al derecho internacional sobre la autodeterminación para justificar el referéndum previsto para el 1 de octubre.
Junqueras, cuya capacidad para crear argumentos supuestamente infalibles es proverbial, después de encomendar la suerte del proceso a la legislación internacional y los tratados internacionales firmados por el Reino de España en los que se reconoce la autodeterminación de los pueblos, sentenció: la legalidad española es ilegal si no acepta el referéndum de independencia.
Lo que vaya a decir el TC en próximas sentencias está descontado en la nueva estrategia internacionalista. De igual manera, las resoluciones del Consell de Garantias Estatutàries alertando de una pérdida de calidad democrática con la reforma del reglamento son obstáculos menores en la decidida carrera hacia el choque institucional. Su interpretación del papel de la ONU les garantiza una envidiable libertad de desobediencia al Estado de derecho que sin duda deberá ser contrastado. Es la última frontera del independentismo oficial, inmerso en las últimas jornadas una innegable crisis de confianza interna.
Los rumores de disgusto y miedo entre dirigentes de la vieja y nueva Convergència por la línea de acción impuesta por la CUP y aceptada de buen grado por el presidente Puigdemont, se materializaron de repente en unas declaraciones del conseller Jordi Baiget. El titular del departamento de Empresa y Conocimiento fue cesado de inmediato para cortar cualquier tipo de conspiración contraria a la fe ciega en la celebración del referéndum. La reacción del presidente de la Generalitat fue aplaudida por todos los independentistas, incluido ERC, aportando nuevo vigor a las filas de JxS, cuyo ánimo suele flaquear al más mínimo contratiempo interno. Luego, se conoció la escena de los tres expresidentes españoles de la democracia, Felipe, Aznar y ZP, aliándose, homenajeándose y coincidiendo en defender la táctica hiper legalista de Mariano Rajoy; entonces el universo independentista lo celebró como una goleada del Barça al Madrid.
