Cada vez resulta más difícil para el gobierno de Puigdemont negar la desconfianza existente entre los dos partidos que crearon JxS para gobernar la Generalitat y culminar el proceso independentista. El último episodio ha sido la discrepancia entre ERC y Pdecat sobre cómo debe actuar la Generalitat ante las sospechas de presunta participación de CDC en el expolio del Palau de la Música.
Cuando se declara un incendio en el seno de JxS, la forma más rápida de apagarlo es ofrecer alguna novedad de carácter soberanista para facilitar a las dos partes una reconciliación automática apelando a la unidad para completar la hoja de ruta del Procés. La noticia no podía tardar, dada la escalada de acusaciones de tibieza en la lucha contra la corrupción protagonizada por dirigentes de ERC contra el Pdecat.
Los republicanos se desmarcan de la decisión de los representantes de la Generalitat en el consorcio del Palau de la Música de renunciar a acusar formalmente a CDC por los hechos puestos de manifiesto durante la vista oral, gracias al pacto entre la Fiscalía y los dos principales acusados. Y los dirigentes de la antigua Convergencia atribuyen la decisión al propio gobierno y no al partido, reclamando a sus socios lealtad y unidad de acción gubernamental.
Puntual a la cita, la novedad ha llegado. Según publica La Vanguardia, el presidente Puigdemont anunciará la semana próxima la fecha para el referéndum, muy probablemente para el domingo 1 de octubre. La fecha tiene su lógica: de celebrarse finalmente la consulta, permitiría comenzar la campaña el 11 de setiembre, en una nueva Diada con su correspondiente manifestación multitudinaria. Los efectos balsámicos presumibles de la filtración permitirán, muy probablemente, rebajar el tono de la escaramuza, pero difícilmente permitirá superar la desconfianza existente entre los socios, que es profunda y viene de lejos.
La causa concreta del enfrentamiento en este episodio tiene una relevancia menor, a pesar de ser presentada como un elemento de determinación en la lucha contra la corrupción, objetivo que ninguno de los protagonistas niega. El Ayuntamiento de Barcelona, socio del consorcio del Palau de la Música, planteó a la Generalitat hace unos días, un cambio en la posición de la entidad ante el final del juicio por el expolio de la institución para acusar directamente a CDC por financiación ilegal a través de esta. En realidad, se trataba de recuperar la posición original del consorcio de ser acusación particular, modificada en 2010, cuando Xavier Trias y Artur Mas entraron a gobernar el Ayuntamiento y la Generalitat, respectivamente.
La Generalitat alega que no vale la pena cambiar ahora, atendiendo a que esta misma semana se conocerán las conclusiones de las partes y dentro de unas semanas la sentencia permitirá saber si CDC es o no condenada y que en caso de serlo, entonces habrá llegado el momento de pedir responsabilidades y reclamar los 6 millones que según la Fiscalía el partido de Mas distrajo de las cuentas del consorcio.
No parece que esta discrepancia procesal, bien explotada por el equipo de Ada Colau, justifique el agrio cruce de acusaciones entre los socios del gobierno. A pesar de la negación oficial de estar pensando en unas elecciones para substituir un referéndum de difícil celebración, la hipótesis de unos comicios para el último trimestre del año es perfectamente perceptible en la actuación de los dos partidos de JxS. Desde el momento que ERC y Pdecat anunciaron que no repetirían una candidatura de unidad, los sondeos han insistido en señalar que Oriol Junqueras es el favorito para ganar estas elecciones. Y dando por bueno este horizonte, los unos y los otros se han puesto a trabajar para socavar las perspectivas electorales de su adversario y de momento socio.
El Pdecat parece apostar por la carta de la moderación y la reflexión antes de convertir en inevitable el choque de trenes con el Estado, pero juega a contrarreloj por sus dificultades para consolidar el nuevo partido y por no disponer de un candidato para disputar la carrera a Junqueras. ERC, con la ventaja de tener un líder indiscutible, acompañará a Puigdemont hasta donde el presidente esté dispuesto a llegar en su reto al PP y a Mariano Rajoy, sin enmendarle la plana ni recomendarle ninguna reconsideración.
En la previsión de que ambos partidos lleguen juntos hasta un final todavía impreciso del Procés, el gran argumento diferenciador en las elecciones va a ser la corrupción. De ahí que los republicanos hagan todo lo posible para dejar en evidencia que el Pdecat, para equipararse a su compromiso anti corrupción, deberá hacer algo más con condenar retóricamente los vicios de su pasado convergente, deberá romper con los dirigentes de aquel pasado agarrados al presente.
