La pregunta para un referéndum de independencia unilateral no tiene secreto, en cambio, la pregunta para un referéndum legal tiene sus limitaciones y es la clave de su autorización, según la doctrina del Tribunal Constitucional. Los tres ejemplos citados por el presidente Puigdemont en una entrevista en Al-Jazeera niegan cualquier voluntad de diálogo sobre este tema, a pesar de ir acompañadas de la habitual apelación al mismo.

Las tres preguntas lanzadas como una especie de globo sonda, muy al estilo informal de Puigdemont, son las siguientes: “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente?”, "¿Quiere que Catalunya sea una república independiente?” y “¿Quiere que Catalunya siga formando parte de España?”. Las dos primeras formulaciones son las clásicas y ya se sabe que van a ser prohibidas por el TC por atentar directamente contra los artículos 1 y 2 de la Constitución. En todo caso, de poderse formular al electorado de forma vinculante y legal, quedaría claro cuál es el resultado perseguido.

La tercera variante tampoco conseguiría la autorización constitucional y además es mucho más borrosa e imprecisa al dejar abierto un interrogante complementario. Para el caso de ganar el No a seguir formando parte del Estado español, ¿en qué formato estatal debería seguir existiendo Catalunya? Esta pregunta requeriría una explicación convincente del proceso posterior, aclarando si la definición de la nueva entidad institucional del país quedaría en manos del Parlament (con o sin nuevas elecciones, tal vez aprovechando las leyes de creación de las estructuras de estado) o debería celebrarse una consulta posterior para proponer a los ciudadanos una figura concreta de estado independiente o una relación con un estado diferente, tal vez Francia o Andorra.

Un camino improvisado

La revelación televisiva de Puigdemont no entra en detalles, invitando a pensar que se trata de un nuevo y simple episodio de improvisación, muy propio de una hoja de ruta soberanista modificada y contradicha siempre que ha venido al caso. Pero muy lógica a la luz de la experiencia acumulada en estos años de Procés. A una impugnación del gobierno central contra cualquier acuerdo parlamentario sobre el referéndum le sucede el anuncio de un supuesto avance en la organización del mismo; a cualquier conflicto con los socios de la CUP, siempre desconfiados de la voluntad del gobierno de la Generalitat de llegar hasta al final, se le responde con una demostración de decisión.

Los presupuestos de la Generalitat, aprobados con los votos imprescindibles de la CUP han sido enviados por el Gobierno Rajoy (y también por el PSOE) al TC y los anticapitalistas temen que una anulación de las referencias presupuestarias al referéndum puede aplazar su celebración. Era inevitable y urgente cumplir con el precepto de ofrecer una alegría para evitar que la rueda de la ilusión encallara: a pesar de lo que diga Madrid, ya tenemos pensada la pregunta para el referéndum. Y no una, sino tres.

La literalidad de la pregunta condiciona la viabilidad del referéndum o de la consulta no referendaria, por que la cuestión sobre la que gravita la legalidad de la celebración es justamente el sentido del interrogante planteado y no sobre la consulta propiamente dicha. La doctrina constitucional sobre este punto es muy estricta: no se puede someter a la consideración de los ciudadanos ninguna cuestión que contradiga al texto de la Carta Magna; porqué solamente con plantearlo ya supondría una reforma constitucional implícita en el sentido determinado por la pregunta. Y para reformar la Constitución ya existe un procedimiento. Así se sentenció cuando el lendakari Ibarretxe planteó su consulta a los vascos.

La vigencia de esta doctrina (reformen primero la Constitución, incluyan las opciones que quieran y luego consulten a los ciudadanos cuales prefieren) impide la celebración de cualquier referéndum con una pregunta sobre la independencia del País Vasco, de Catalunya o de donde sea. Incluso, se supone, uno que fuera convocado en toda España por el gobierno español.   

Estas limitaciones obligarían a pensar, de pretenderse realmente la celebración de una consulta catalana, en un tipo de pregunta asociado a la reforma constitucional como paso previo para poder dotar a Catalunya de una fórmula de autogobierno más acorde con las aspiraciones de muchos catalanes. Sin literatura soberanista que justifique su prohibición.  

Una formulación de bajo perfil político resultaría decepcionante para la mayoría de los independentistas, comenzando seguramente por el propio Puigdemont. Por eso, se abre paso una sospecha respecto al referéndum previsto para otoño: dado que celebrarlo será algo difícil, se trata de convocarlo para generar con su suspensión la mayor indignación posible entre las bases soberanistas a la espera de una revuelta ciudadana y, a la vez, mandar a los observadores internacionales el mensaje predilecto de los dirigentes del Procés sobre las dificultades que tiene la democracia para abrirse paso en España. El gran atractivo del referéndum es su prohibición.