Fèlix Millet se adelantó a la familia Montull y fue el primero en confesar lo que había ocultado durante toda la instrucción del caso por el saqueo del Palau de la Música: “Ferrovial me daba el dinero y yo se lo pasaba a Convergència… CDC sabía que Ferrovial donaba dinero a cambio de obra pública”. El 3% explotó ayer en sede judicial, doce años después de que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lo denunciara en sede parlamentaria ante el estupor de la cámara y fuera acusado por Artur Mas de “perder completamente los papeles”. Mas, siendo ya presidente, negó en el Parlament ninguna relación con los 6,6 millones de euros que según la Fiscalía había recibido su partido por la vía del Palau. La oposición y sus aliados le han reclamado las explicaciones oportunas.

El excesivo celo de Millet en guardar los papeles y llevar al día la contabilidad, la blanca y la negra, ha situado a CDC al borde del precipicio jurídico y a su nueva marca, el Pdecat, en el límite político de sus apelaciones a la ignorancia de lo que hicieran en el pasado sus antiguos dirigentes, uno de los cuales, Artur Mas, sigue siendo el presidente del nuevo partido.

Los precisos cuadros de contabilidad y la sobrevenida predisposición de Gemma Montull a desvelar al tribunal el sentido de las anotaciones sobre el destino de cada cantidad dejan poco margen a las dudas:  los millonarios convenios de patrocinio de Palau 100 por parte de Ferrovial eran una ficción “sólo una parte muy pequeña se quedaba aquí”. El resto se iba a CDC, porqué según afirmó Millet, el “Daniel” de los papeles es Daniel Osácar, el extesorero del partido, pero también a los bolsillos de Millet y Montull padre, según concretó la ex directora financiera de la entidad, entre lágrimas por tener que acusar a su padre.

La contundencia de las declaraciones del expresidente del Palau y de la hija de Jordi Montull han relegado el expolio privado de la entidad (reconocido por Millet que dijo sentirse culpable de haber cometido un “error brutal”) a un segundo plano, proyectando el expolio político financiero perpetrado por CDC a los titulares. Todos se han vuelto contra Convergència y más concretamente contra Artur Mas, nexo de unión con el joven Pdcat. Hasta ahora, la coordinadora general de la nueva formación, Marta Pascal, ha salido al paso de cualquier responsabilidad sobre las investigaciones por financiación ilegal de su anterior partido, alegando total desconocimiento de lo sucedido.

Sin embargo, tras lo dicho en la vista oral, incluso el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, se vio obligado a comunicar el “rechazo” y “el asco profundo” existente entre los republicanos por este tipo de conductas, aún sin citar por su nombre al partido acusado de practicarlas. El resto de portavoces en el Parlament coincidieron en exigir las explicaciones de Mas y la asunción de sus responsabilidades por el “estado de corrupción generalizado” de CDC, según expresión del portavoz de CSQP, Joan Coscubiela.

A pesar de la explosión de indignación de unos y otros, la confirmación de todas las sospechas sobre la financiación irregular obtenida por CDC y su fundación Trias Fargas a través del Palau de la Música difícilmente va a tener consecuencias prácticas en el gobierno de la Generalitat. Carles Puigdemont se limitó ayer a pronunciar una afirmación claramente extemporánea, “el Gobierno no tiene ningún caso de corrupción”, para evitar el problema y desde el Pdcat se insistió en la doctrina de que ellos no estaban y no saben lo que hacían sus mayores. ERC tiene muy asumida la complicada herencia que soportan sus socios de gobierno por culpa de la vieja CDC; sin embargo, atendiendo a la sospecha de que las elecciones están cerca, se limitan a esperar que el electorado no olvide lo que está ocurriendo en los juzgados.

El famoso 3% detectado en el Palau en realidad ascendía al 4%, pero caía al 2,5% porque Millet y Montull se quedaban lo suyo (1% y 0,5%, respectivamente) es solamente la punta del iceberg de los problemas del Pdcat por esta cuestión. El juez de El Vendrell que instruye la causa por otros tres por cientos recabados por CDC entre 2010 y 2015 podría solicitar en breve al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la investigación de Germà Gordó, actual diputado de JxS y exconsejero de Justicia en el gobierno de Artur Mas. Un informe de la Guardia Civil le señala como el conseguidor de las obras requeridas por los benefactores. La acusación formal contra Gordó, militante del Pdcat y aspirante en su momento a dirigirlo, se convertiría en la prueba del algodón de la honestidad y la credibilidad para el nuevo partido.