Los autores José Luis Groizard y Willian Nilsson profesores del departamente de Economía aplicada de la UIB, han realizado un estudio que desmonta algunos de los argumentos esgrimidos por los lobbys hoteleros y algunos partidos como MES y Podemos.
En el estudio se indican los siguentes aspectos
Las consecuencias negativas del alquiler vacacional (y de Airbnb en particular) han sido exageradas.
Tomar decisiones basadas en un diagnóstico incorrecto puede tener graves consecuencias para el bienestar de la sociedad balear. En este breve informe se documenta que el alquiler vacacional tiene un impacto muy limitado sobre la supuesta saturación y sostenibilidad turística, los precios de venta y alquiler de la vivienda, y la oferta de vivienda en alquiler de larga temporada. Asimismo, se argumenta que el turismo vacacional estaría contribuyendo a aportar recursos a las familias que mayoritariamente no viven profesionalmente del turismo y, obtienen así unos ingresos extra, repartiendo sus ganancias de una manera más justa socialmente y más equilibrada territorialmente que el modelo tradicional basado en la explotación de hoteles y otros establecimientos de alojamiento. Prohibir o restringir esta modalidad de alquiler supone desaprovechar una gran oportunidad de luchar contra los grandes males de la economía balear: su baja productividad, la
estacionalidad y la alta dependencia del turismo de sol y playa. Ordenar el sector exige:
i) neutralidad ante los diferentes modos de negocio turístico sin favorecer a los ya establecidos y permitiendo que nuevas empresas y nuevas tecnologías puedan disfrutar de las mismas oportunidades que los agentes que ya están establecidos en el mercado;
ii) corregir las externalidades negativas que genera esta actividad,
iii) exigir el pago de impuestos.
Una sociedad que regula restrictivamente la entrada de nuevas empresas y tecnologías está condenada a empobrecerse.
En los últimos meses se han sucedido noticias ciertamente alarmantes sobre el supuesto efecto pernicioso del alquiler vacacional en nuestras islas
Responsables políticos de todo signo –muy especialmente de izquierdas-, periodistas, grupos de presión, hoteleros y ecologistas hacen causa común en su contra. En medio de toda esta algarabía el Govern prepara un cambio en la normativa para restringir dicha actividad, o prohibirla directamente, cuando lo que realmente es necesario es una regulación que dé seguridad jurídica a los propietarios, aflore la economía sumergida, -evitando así el fraude fiscal- y corrija las consecuencias no deseadas atribuidas a esta nueva modalidad vacacional.
Resulta sorprendente que se sostengan dichas atribuciones con los datos y estudios disponibles. Más preocupante resulta que los responsables políticos ignoren la evidencia, desprecien el sentido común y asuman como suyos mitos y leyendas que por mucho repetirse en los medios están por demostrar. Tomar decisiones complejas de gran repercusión económica y social exige un conocimiento riguroso, apartar los prejuicios y la ideología y poner el interés general por encima de los intereses particulares de los lobbies.
En este artículo queremos ordenar la discusión, separando lo que es causa atribuible al alquiler vacacional, de lo que es atribuible al turismo en general u a otro tipo de tendencias que afectan simultáneamente a nuestra economía.
Analizaremos en primer lugar los grandes males de la economía balear, para después desmentir los ocho mitos sobre los perjuicios del alquiler vacacional y finalmente analizar las principales propuestas contenidas en el proyecto de Ley de Turismo que ha aprobado el Consell de Govern de las Islas Baleares en fecha 7 de abril de 2017. Finalmente concluimos señalando que los grandes perdedores de esta reforma serán las clases bajas y las clases medias de propietarios de vivienda, especialmente de zonas urbanas, que no son profesionales del turismo y que alquilan su vivienda habitual directamente utilizando plataformas de intermediación Peer to Peer (P2P).
